La asociación majorera Entre Mares ha pedido hoy al consejero de Sanidad, Jesús Morera, que aclare qué procedimientos se va a seguir con las 126 personas de Fuerteventura (50 nacionales y 76 extranjeras) a las se les ha notificado la factura de atención sanitaria por servicios de Urgencias.

Entre Mares y la Mesa Ciudadana por la Sanidad Universal de Fuerteventura solicitan que la Gerencia del Hospital majorero aclare sobre qué conceptos en atención de urgencias se les ha notificado a estas personas.

María Greco, miembro de la Mesa Ciudadana, ha denunciado que, a día de hoy, "no se ha realizado aclaración o notificación alguna al respecto", sino que la Gerencia "sigue enviando requerimientos por vía postal para que los afectados se personen con su documentación y si es posible con un compromiso de pago firmado".

Asimismo, ha criticado que no se haya respondido a las alegaciones que se dirigen en contra de los requerimientos, por lo que se ha incumplido "en lo más básico la Ley del procedimiento Administrativo", al mismo tiempo que ha insistido en que "se restituya" la tarjeta sanitaria a las personas que se les retiró tras la aprobación del decreto de 2012.

El presidente de la asociación Entre Mares, Faissal Ellatifi, "ha mostrado su satisfacción" por el anuncio hace unos días del nuevo consejero de Sanidad de solicitar al Gobierno central la recuperación del Derecho a la Salud.

A su juicio, desde el Ejecutivo canario debe ser "prioritario e inmediato" el reconocimiento del Derecho a la Salud para las personas que viven en Canarias de las que 48.000 han sufrido la restitución de la tarjeta sanitaria y de ellas unas 3.800 corresponden a Fuerteventura.

Faissal Ellatifi ha recordado que la Consejería de Sanidad, desde antes de la entrada en vigor del decreto de 2012, no ha estado dirigida por el partido que en la actualidad gobierna el Estado (PP) sin embargo, "han sido muchas las penurias y dificultades que han tenido y siguen teniendo las personas extranjeras no autorizadas a recibir, pero de facto residentes en las islas, la cobertura sanitaria".

Por último, el presidente de esta asociación, que vela por los derechos de las personas inmigrantes, cree que el acceso a la sanidad no debe convertirse "en moneda de cambio" de la Administración central respecto a las administraciones autonómicas.