La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha afirmado hoy que el Ejecutivo canario hará todo lo posible por frenar los desahucios y ha expresado su desacuerdo por la suspensión judicial de la ley canaria de Vivienda.
Hernández ha señalado que aunque muestra un "absoluto respeto" hacia las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), está en desacuerdo con la suspensión de la Ley canaria de Vivienda, que permitía expropiar viviendas a los bancos para evitar que las personas desahuciadas se quedaran sin hogar.
Hernández ha declarado hoy tras el acto de toma de posesión de Alicia Álvarez como directora general de Dependencia y Discapacidad y de Carmen Acosta como directora general de Políticas Sociales e Inmigración, que "no podemos mirar para otro lado mientras hay viviendas vacías y personas que las necesitan", por lo que "el Gobierno de Canarias hará todo lo posible por frenar los desahucios".
En cuanto a las nuevas incorporaciones al equipo de gobierno, Hernández ha indicado que tanto Alicia como Carmen son dos mujeres socialistas que proceden de la vida municipal y son "dos mujeres comprometidas con los que menos tienen" y que "han puesto en marcha medidas contra los desahucios, así como para agilizar las ayudas sociales", y además han mantenido abiertas las escuelas municipales.
La vicepresidenta ha señalado que poco la poco "el equipo se va completando" y que las nuevas propuestas irán dirigidas a todas las personas que tienen problemas tales como no poder pagar la luz, el agua, un alquiler o que no tiene nada que darle a su familia, por lo que estas protestas "tienen mucho que ver con la gente que le pone rostro a los problemas".
Asimismo afirmó que "esta consejería tiene la firme convicción de afrontar esa recesión y esos ataques que está recibiendo el estado del bienestar", razón por la cual se ha escogido a dos mujeres que provienen de los ayuntamientos y que "han hecho un excelente trabajo en cuanto a políticas sociales"
Además, ha mostrado su oposición a la Ley de bases de Régimen Local puesto que considera que "no es solo un ataque a los ayuntamientos y a la autonomía de los mismos, sino que es un ataque a los vecinos y a las políticas sociales".