El Gobierno de Canarias impulsará la universalización de la asistencia sanitaria, volviendo a atender a inmigrantes irregulares y otros colectivos excluidos de ella años atrás, como "una prioridad absoluta", según ha asegurado hoy su director general de Salud Pública, Ricardo Redondas.
"La universalización de la salud es una prioridad para este Gobierno", que tiene "una intención clara de hacer llegar a toda la población los servicios de salud para, que, de forma efectiva, el derecho a la salud sea una realidad en Canarias", ha declarado Redondas, cuyas palabras han sido refrendadas por el consejero de Sanidad autonómica, Jesús Morera.
Consejero y director general, que han hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras un acto de toma de posesión de varios nuevos cargos del departamento de Sanidad celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, han matizado, en todo caso, que ese objetivo no se hará realidad de forma inmediata, debido a que conllevará gestiones previas.
"Todas estas cosas llevan sus plazos", ha dicho Morera, que ha afirmado que "estas decisiones no se pueden tomar alegremente" porque primero habrá que analizar cuestiones como a qué cantidad de personas beneficiará la medida y qué coste tendrá para las arcas públicas.
Para ello, "estamos haciendo los estudios sobre el impacto que va a tener" como primer paso, para luego decidir de qué forma se acometerá el proyecto, ha añadido.
Ricardo Redondas ha insistido, no obstante, en que el trabajo para conseguir esa meta "empieza desde ya", puesto que "es una prioridad absoluta que la población que reside en Canarias tenga un acceso digno y en condiciones de equidad a los servicios de salud".
Si bien ha matizado que hay factores que impiden actuar con inmediatez al respecto, como que el decreto del Gobierno de España por el que se retiró la tarjeta sanitaria a miles de personas "excluye a mucha población, no solo a los inmigrantes", y que, a la hora de determinar cuántos son los afectados "la cuantificación es muy difícil".
En especial en el caso del colectivo de los inmigrantes irregulares, ya que, "por definición, es una población que no consta en una base de datos, en un registro, como para poder cuantificarlo", ha argumentado.
Pese a lo cual ha agregado que devolver la asistencia sanitaria pública a la población extranjera irregular "preocupa especialmente" al Gobierno, porque "es un colectivo vulnerable y que ha quedado en una situación de absoluta exclusión".
Morera y Redondas han hecho estas declaraciones tras un acto en el que han tomado posesión de sus cargos el propio responsable de Salud Pública, la nueva directora general de Recursos Económicos, Teresa Peiró; el director del Área de Salud de Gran Canaria, Domingo Medina; el director del Área de Salud de La Palma, Alberto Taño; y el director del Área de Salud de Lanzarote, José Brito.
Responsables políticos a los que el consejero de Sanidad ha solicitado su colaboración para responder a "muchas expectativas importantes" de mejora del servicio de salud que ha dicho que ha generado la entrada de su partido, el PSOE, en ese departamento que en la legislatura anterior gestionaban representantes de Coalición Canaria, socio de gobierno de los socialistas.