Los últimos meses han sido de trabajo intenso para la Asociación Canaria de Mediación y Arbitraje (ACMA), colectivo presidido por la abogada Elba Trujillo y que busca la promoción de un sistema alternativo a la vía judicial para resolver algunos conflictos: la mediación. Ese esfuerzo se redobló la pasada semana, cuando la ACMA registró en 12 municipios canarios sendas propuestas de ordenanza para la implantación gratuita de este mecanismo.
Concretamente, desde la asociación instaron el 11 de agosto procedimientos administrativos en los siete municipios capitalinos (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y Valverde), así como en los cinco más poblados de más de 50.000 habitantes (San Cristóbal de La Laguna, Telde, Arona, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana).
Según reza la posible ordenanza remitida a esos ayuntamientos, el objetivo es la promoción de la mediación como "forma pacífica de resolución de controversias que surjan entre vecinos y colectivos", con la finalidad de alcanzar una "sociedad democrática más avanzada y justa".
Para el impulso de esta alternativa hasta ahora semidesconocida por los ciudadanos, desde el colectivo presidido por Trujillo se plantea la puesta en marcha de un servicio de mediación vecinal que esté a disposición de los residentes de la zona en cuestión, al que se uniría, paralelamente, un consejo local de la mediación.
Recoge el borrador presentado que, una vez se pusiera en marcha la ordenanza, los vecinos podrían solicitar gratuitamente la mediación para la resolución de conflictos. ¿De qué forma? Ya sea por medio de una solicitud unilateral de una parte o de mutuo acuerdo entre ambas. Al primer caso le seguiría un ofrecimiento -para participar- al otro implicado por un plazo de diez días.
Otro de los aspectos más llamativos de la propuesta de la ACMA es la creación en esa localidad de lo que denominan un "turno de mediación", del que formarían parte todos aquellos mediadores titulados residentes en ese término municipal que lo solicitasen.
Las materias susceptibles de mediación serían aquellas relacionadas con el ámbito vecinal, asociativo en general, educativo, social e intercultural, civil o mercantil, familiar, de la administración local, y de cualquier conflictividad en el seno del propio consejo local de la mediación. También se podrían abordar de este modo otros asuntos no excluidos de la ordenanza, que deja fuera la mediación penal, laboral y relacionada con administraciones supramunicipales.
Con todo, la presidenta de la Asociación Canaria de Mediación y Arbitraje subraya que se trata de una propuesta sobre la que los municipios, de estar interesados, podrían hacer después las modificaciones que estimen convenientes para la implantación de un instrumento sobre el que ella se muestra segura de que tiene un "enorme potencial".
Tal es el convencimiento de esta abogada sobre el referido modelo que la asociación que preside -fundada a principios de este año- no solo se ha dirigido a ese grupo de ayuntamientos, sino que también ha buscado el apoyo (para promover la mediación entre los municipios) de los presidentes insulares; de la Federación Canaria de Municipios (Fecam); de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra; de la Defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril; del consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso; del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Un mediador en lugar de un juez
Considera Elba Trujillo que la mediación es un instrumento "infrautilizado". Y lo es, en gran medida, por desconocido. ¿Cómo funciona? Según explica la web del Consejo General del Poder Judicial, este se puede definir como un modelo de solución de conflictos que, mediante la intervención de un tercero neutral e imparcial, ayuda a encontrar soluciones al problema ocurrido.
Primera opción en algunos países europeos, este sistema cuenta, en opinión de Trujillo, con varias ventajas: es más barato que un proceso judicial, tiene un menor coste emocional, es más rápido, no hay ni perdedores ni ganadores, es confidencial y, además, ayudaría a desahogar el "sobrecargado" sistema judicial.
Cabe indicar que, en el caso canario, la más común es la mediación familiar, si bien, en general, y en toda España, el procedimiento es poco conocido.
Según recoge la ley, para ser mediador es necesario estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional superior, contar con una instrucción específica y, al mismo tiempo, complementar lo anterior con un seguro de responsabilidad civil.