El Cabildo de Fuerteventura prevé tener finalizado en unas semanas el proyecto de derribo y reforzamiento de la vivienda de Josefa Hernández, la vecina de Fuerteventura condenada a demoler parte de su casa por construirla en el espacio protegido del Parque Rural de Betancuria.

El Cabildo y el Ayuntamiento de Betancuria se comprometieron la semana pasada a redactar el proyecto de demolición de la parte de la vivienda afectada por la sentencia y a reforzar el resto, con el objetivo de que Josefa, sus dos hijos y los tres nietos que residen con ella puedan volver a vivir en esa casa de Cercado Viejo.

Marcial Morales recordó a los periodistas el compromiso de ambas instituciones para ayudar a esta familia, "ante la falta de recursos", también en dar cumplimiento a la sentencia.

Pero al mismo tiempo, se estudiará la habitabilidad de la vivienda para que Josefa y su familia puedan seguir "donde quieren y deben estar, que es en el municipio de Betancuria".

El presidente del Cabildo adelantó ayer ya habían comenzado "a fondo los técnicos a trabajar y, en los próximos días o semanas, estará disponible el proyecto de actuación y el visto bueno de la administración competente".

De esta manera, añadió, se concluye este proceso que "nunca debió haber pasado por prisión -Josefa Hernández estuvo tres días y medio en el penal de Lanzarote- y que "acaba garantizando el bienestar para la familia y el cumplimiento a la legalidad".

Morales no quiso especular con la fecha en la que se llevaría a cabo la demolición de la parte de la vivienda afectada por la sentencia e insistió en que el plazo "ahora es lo de menos, lo importante es que sea en un plazo de tiempo razonable, se hagan las cosas bien y se haga cumplimiento a la sentencia".

El indulto concedido el pasado viernes en el Consejo de Ministros fue publicado ayer en Boletín Oficial del Estado (BOE) y en él no se establece el plazo en el que se debe llevar a cabo la demolición de la parte ilegal de la vivienda.

En los próximos días la familia tendrá a su disposición la casa de renta libre que el Gobierno de Canarias les ha cedido de forma temporal en el municipio de Puerto del Rosario. En un principio, la familia no ha acogido "con total satisfacción" su traslado temporal a una casa de Puerto del Rosario, ya que a ellos "les gustaría seguir viviendo en el entorno en el que llevan haciéndolo muchos años".