La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, aseguró ayer que el decreto del alquiler vacacional aprobado por el Gobierno canario "no se ha usado para regular, sino para prohibir".
La ASCAV se reunió ayer por primera vez con la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, a quien le manifestó la problemática generada por el decreto que se aprobó dos días antes de las pasadas elecciones autonómicas y que "no se ajusta a la realidad ni a las demandas por parte de los propietarios que se dedican al alquiler vacacional".
Según indicó Doris Borrego, en este decreto se excluyen del reglamento las viviendas que se encuentran en suelo rústico o suelo turístico, lo que "atenta contra el derecho de libre competencia".
La presidenta de la ASCAV señaló que "se está dejando al margen de la ley" a un 90% de los propietarios canarios que se dedican al alquiler vacacional.
El espíritu de la regulación era supuestamente llevar de la alegalidad a la legalidad a 53.000 familias que se dedican al alquiler vacacional, pero "el resultado es prácticamente la prohibición del 90 por ciento de estas propiedades", aseveró.
Borrego dijo que le habían transmitido a la consejera la preocupación por los propietarios que "se encuentran en la más absoluta ilegalidad y que se juegan sanciones económicas", por lo que se le ha requerido la "máxima urgencia y celeridad".