Apenas lleva un mes y medio en el cargo, pero es consciente de que la tarea que tiene por delante es complicada. Soledad Monzón afronta su primer inicio del curso como consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. El lema que más repite es la necesidad de escuchar a todos los agentes implicados -sindicatos, familias, alumnos- antes de tomar decisiones. Solo así, cree, se podrá mejorar la calidad de la educación en las Islas.
La matrícula todavía está abierta, pero el descenso es de casi de 11.000 alumnos en todas las enseñanzas, la mitad en Infantil y Primaria...
Los datos que tenemos cerrados son solo los de Infantil y Primaria, pero es verdad que ahora mismo hay más de 10.000 matriculados menos. Sobre todo hay un descenso en la Escuela Oficial de Idiomas, con más de 2.000 estudiantes menos, pero la gente siempre deja todo para última hora y creemos que el dato mejorará.
A pesar de la disminución de alumnos, Canarias tendrá 64 docentes más. ¿Por qué?
Porque queremos reducir la ratio alumno-profesor en los centros de las Islas; es uno de nuestros objetivos prioritarios.
Siempre hay problemas con los nombramientos, sobre todo en el comienzo de curso. ¿La Consejería ha dispuesto algún cambio para mejorar el sistema?
No, no hemos podido establecer un sistema nuevo. Llevamos poco tiempo en la Consejería y hemos adjudicado los profesores en función de los criterios vigentes tras el proceso de oposición que se ha celebrado este verano. Es imposible modificar criterios cuando tienes un inicio de curso tan inmediato. Ahora tenemos que revisar todos los problemas y empezar a reunirnos con los sindicatos, que ya nos han informado de esta y otras demandas. Los profesores solicitan un número de docentes en función de unos criterios que se fijan previamente y no pueden cambiarse de repente. Si no, en vez de solucionar un problema, puedes generar un caos.
¿La implantación de la Lomce va a suponer un problema en la organización de los centros del Archipiélago?
En principio no hemos detectado ningún problema en el inicio de curso. Otra cosa es el trastorno que supone para los profesores tener asignaturas nuevas y planificar horarios nuevos. En muchos casos hay nuevos textos y nuevos libros, algo que afecta a la organización de los centros y que también puede suponer un sobrecoste para las familias, que han de adquirir material nuevo.
Las nuevas asignaturas de elección autonómica -Prácticas Comunicativas, Geografía e Historia de Canarias o Educación para la Ciudadanía- fueron aprobadas por el anterior equipo de Gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre estas materias y qué aportarán a los alumnos canarios?
Hay una cuestión que está clara y es nuestra intención de fomentar los contenidos canarios. Por ese motivo, valoramos la implantación de Geografía e Historia de Canarias. Con respecto a Educación para la Ciudadanía, una materia que tuvo que suprimirse en su día, consideramos positivo recuperarla. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar si podemos reforzar segundo de Bachillerato con otra asignatura.
Usted es de Fuerteventura. ¿Cuáles son las prioridades de las islas no capitalinas en materia deeducación que todavía no se han resuelto?
Hay demandas históricas, como la del profesorado, las dificultades que se tienen a la hora de sustituir a profesores, sobre todo cuando son sustituciones cortas. Hay docentes que tienen que venir de otras islas. Se tarda muchísimo en cubrir esas sustituciones, porque a muchos profesores no les merece la pena ir tan poco tiempo. Eso, en realidad, ocurre tanto en las islas capitalinas como en las no capitalinas. Luego está la oferta de Formación Profesional, una demanda histórica de las islas menores. Hay alumnos que tienen que trasladarse a otros puntos de la geografía canaria para estudiar, con el gasto que eso supone. Eso ocurre también con la enseñanza universitaria, donde quienes tienen que desplazarse fuera de su isla para cursar una carrera se enfrentan a un coste considerable.
¿La Consejería ha valorado alguna fórmula para mejorar estas carencias, ya sea dando ayudas para el transporte o articulando un sistema específico de sustituciones para las islas menores, una demanda del Consejo Escolar de Canarias?
En eso es en lo que tendremos que trabajar a partir de ahora. Nuestros esfuerzos se han centrado fundamentalmente en el inicio del curso. Ahora hay que convocar a todos los agentes que intervienen en la ecuación: Consejo Escolar de Canarias, sindicatos, directores, madres... Todos están esperando a que esto comience para sentarnos. Desde un primer momento hemos planteado la necesidad de escuchar a toda la comunidad educativa y a partir de ahí plantear todas las soluciones. Evidentemente nosotros tenemos muchas propuestas, pero lo que queremos es contrastarlas con ellos, que ya han empezado a hacernos llegar sus demandas. De hecho, hay un informe muy importante elaborado por el Consejo Escolar a partir del Pacto por la Educación. Para hacerlo se han reunido todos los consejos escolares. Este trabajo es importantísimo y constituye una herramienta de trabajo clave con la que empezaremos a trabajar a partir de ahora.
¿Cómo debe crecer la FP en Canarias?
Debe crecer ligada en todo momento al sector productivo de Canarias. Es otro de nuestros retos, que cada vez la oferta de Formación Profesional esté más ligada a las necesidades de las islas y que se mejore la orientación a los alumnos. Hay que ajustar más la oferta a las necesidades. Los jóvenes tienen que elegir aquellos ciclos que realmente tienen demanda del sector empresarial, los que dan empleo, y no los que más les gustan. A fin de cuentas, el objetivo fundamental de la FP es el empleo.
¿Cómo será en el futuro la oferta de enseñanzas bilingües en Canarias, que fue la gran apuesta del anterior equipo de gobierno?
No sé cómo va a crecer. No sé qué previsión podemos tener de enseñanzas bilingües. Entiendo que es una demanda que tiene toda la comunidad educativa, pero hasta que no empiece no lo sabremos.
¿Cuándo estará plenamente en vigor la Ley Canaria de Educación? Quedan reglamentos por desarrollar...
Sí, ese es nuestro objetivo ahora, todo lo que tiene que ver con el desarrollo reglamentario de la Ley Canaria de Educación. Ya hace un año que entró en vigor y es un marco básico y fundamental a la hora de regular y planificar todo lo que es la educación en el Archipiélago. Por ese motivo, la Consejería ya ha dispuesto un equipo de trabajo dedicado en exclusiva al desarrollo reglamentario.
La hoja de ruta
La gestión del inicio de curso ha sido la prioridad de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno canario. Sin embargo, a partir de las próximas semanas, el departamento que dirige Soledad Monzón deberá enfrentarse a muchos deberes pendientes, algunos nuevos, como la Lomce, y otros heredados, como la hoja de ruta de la FP o la Ley Canaria de Educación. A su juicio, lo prioritario es alcanzar la estabilidad del profesorado, mejorar la calidad de los centros, ajustar la oferta formativa de FP y las universidades a las necesidades del mercado de trabajo, fomentar la investigación y mejorar los niveles de fracaso escolar en el Archipiélago. Además, recortar la ratio y lograr un reconocimiento mayor de la figura del profesorado están entre esos deberes.
Infraestructuras
El mal estado de numerosos centros repartidos por las Islas es un asunto que también requiere de toda la atención por parte de la Consejería. Soledad Monzón espera que el Gobierno central atienda las peticiones del ejecutivo canario y devuelva el Plan de Inversiones Educativas, valorado en 40 millones anuales, para lo que se ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales. Sin embargo, promete buscar alternativas de financiación para construir centros y reformar los que se han quedado obsoletos. El anterior equipo propuso acometer las nuevas edificaciones a partir de una fórmula de colaboración público privada. Monzón desconoce si Hacienda finalmente dará el visto bueno a esta iniciativa. No obstante, se compromete a pensar en otras opciones. Además, el Consejo Escolar de Canarias ha solicitado que se eliminen las cubiertas de amianto que quedan en algunos centros. El Defensor del Pueblo y el Diputado del Común alertaron en su día de los problemas de este material para los menores, pero de momento la administración canaria no ha tomado cartas en el asunto.