Ben Magec ha criticado hoy la decisión del Gobierno de Canarias de declarar "de interés estratégico" varios proyectos de nuevas instalaciones turísticas y energéticas en Gran Canaria y Tenerife, por considerar que su tramitación abreviada atenta contra los derechos de los ciudadanos.

Los ecologistas se refieren, en concreto, al acuerdo del Ejecutivo que permitirá agilizar la tramitación del nuevo Siam Park de Maspalomas, la ampliación del Hotel Lopesan Villa del Conde, el parque eólico de Las Colinas y las centrales de biomasa de los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla de Abona.

En un comunicado, Ben Magec-Ecologistas en Acción advierte de que tanto el parque acuático como la ampliación del hotel Villa del Conde "consumirán una enorme cantidad de territorio y recursos naturales, agua y energía", por lo que defiende que "deberían ser sometidos a un estudio riguroso y sosegado".

En cuanto a las centrales de biomasa de los puertos de La Luz y Granadilla, opina que "en absoluto están exentas de riesgo ambiental" y que "no tiene ningún sentido instalar en Canarias unas centrales de producción eléctrica cuando aquí sobran recursos energéticos limpios como el sol y el viento para producir energía".

"Este tipo de plantas se abastece de materia vegetal que suele provenir de territorios arrasados y repoblados con monocultivos como el eucalipto, y la materia prima ha de recorrer miles de kilómetros hasta llegar al destino, con el consecuente gasto energético y la contaminación que conlleva", argumenta.

Ben Magec sostiene que este procedimiento de tramitación abreviada "atenta contra los derechos ciudadanos al recortar los plazos de participación en asuntos relacionados con el medio ambiente".

Además, cuestiona que sean necesarios, pues considera que el Gobierno de Canarias es "el único responsable de que los plazos de tramitación de los expedientes se dilaten en el tiempo, debido a la infradotación de los órganos administrativos relacionados con medio ambiente y territorio".

"El Gobierno de Canarias echa la culpa del caos que él mismo ha generado al cúmulo de normativa existente, cuando lo que realmente pasa es que la Administración carece de los recursos mínimos necesarios para que las áreas relacionadas con medio ambiente funcionen con eficacia. Acusando a la normativa es como se han justificado a sí mismos para desregular y rebajar la protección del territorio, y éste es el resultado", añaden los ecologistas.

Ben Magec denuncia, asimismo, que bajo su punto de vista los proyectos elegidos "solo responden a intereses empresariales privados, no aportan ningún valor añadido y no benefician económica ni socialmente al conjunto de la sociedad canaria, pero, en cambio, sí que socializan los perjuicios medioambientales".