La reciente renovación en ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias no ha tenido, de momento, ningún efecto en la situación de las personas sin hogar, que siguen padeciendo la inacción de las instituciones, pese a su obligación de garantizar el derecho constitucional a la vivienda, denunció ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Inma Évora, portavoz de la PAH, anunció la presentación de mociones en cabildos y ayuntamientos y de requerimientos al Gobierno de Canarias para que utilice las herramientas de que dispone para realojar a todas las personas que se han quedado en la calle por desahucios, ejecuciones hipotecarias.
Cada vez son más las personas en extrema necesidad en desamparo, familias enteras que al carecer de vivienda no pueden tener acceso a otros derechos básicos como la sanidad y la educación y que se convierten en invisibles para la Administración, advirtió ayer la portavoz del colectivo durante una concentración de activistas y afectados por la falta de vivienda celebrada junto a la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.
Inma Évora reprochó a los ayuntamientos que ni siquiera permitan la inscripción en el padrón municipal a las personas que carecen de un título de propiedad o de alquiler de vivienda o que están en situación de ocupación por necesidad.
Afirmó que los ayuntamientos no tienen derecho a actuar así y recordó que la inscripción en un registro es independiente de la situación en la que viven las personas, a las que, a su juicio, se criminaliza por no tener acceso a una vivienda.
Los gestores públicos en Canarias no desarrollan una intervención urgente ante la emergencia habitacional de familias afectadas por desalojos, desahucios o que ya están en la calle, y eso "se cobra la salud física y psíquica" de estas personas, que entran en un bucle del que cada vez es más difícil salir, agregó la portavoz de la PAH.
Esta plataforma demanda al Gobierno regional que elabore protocolos de emergencia, que se realice una reserva de viviendas públicas y privadas en manos de los bancos para alquileres sociales, algo que ya está previsto en la vigente Ley de Vivienda de Canarias, pero que no se aplica.
Évora sostuvo que los ayuntamientos, en lugar de tramitar las solicitudes de vivienda pública, "tiran de ayudas al alquiler que al final son un parche, porque las familias con escasos recursos no pueden afrontar" los precios de mercado. "Ha habido demasiada dejadez del deber de las instituciones de afrontar estas situaciones; el derecho a la vivienda es para todas las personas por igual y no actuando no se resuelven los problemas", insistió.