Algunos lo hacen por voluntad propia y otros porque no tienen más remedio. A finales de 2014 las unidades de intervención atendían en Canarias a 299 personas que pernoctaban en las calles, 119 más que durante el primer semestre, y la tasa de ocupación media de albergues era del 99,3%, el porcentaje más alto de todo el país. Los datos, que se desprenden de última Encuesta de Personas sin Hogar, muestran que la crisis está lejos de desaparecer para los más vulnerables.
El sondeo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada dos años, tiene como objetivo dar cuenta de las diferentes características de los centros y servicios de atención a las personas sin hogar, su capacidad y ocupación, las fuentes de financiación, la población atendida y los recursos humanos destinados, entre otros aspectos. Para ver la evolución a lo largo de doce meses, el INE pregunta dos veces al año -en junio y en diciembre- cuántas personas están siendo atendidas en ese momento y no cuentan, literalmente, con un techo. La encuesta considera personas sin hogar tanto a los que duermen en albergues como a los que no, pero diferencia cada caso.
En este sentido, además de constatar el aumento de personas que sobreviven a la intemperie, el INE también advierte de que la tasa de ocupación en centros asistenciales canarios fue la más alta de todo el país, solo superada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La primera tuvo más demanda que camas disponibles (128%) y Melilla prácticamente colgó el cartel de lleno (98,1%). La ocupación en todo el país fue del 81,8%, casi cuatro puntos menos que en 2012 (85,9%). El 72,2% de los centros atendieron indistintamente a hombres y mujeres, cifra similar a la de hace dos años. El 13% aceptó solo a varones y el 14% solo a mujeres.
A pesar de que el panorama ha mejorado, el número de usuarios llegó hasta los 13.645, solo un 2,8% menos que dos años antes. La contribución canaria fue insuficiente para garantizar la cobertura. Los albergues del Archipiélago ofertaron 624 plazas, el 3,7% del país, aunque la población de la comunidad autónoma representa el 4,5%.
Además de las dificultades para encontrar cama y de que más personas intenten dormir en un cajero, hay más evidencias que alertan de que la pobreza se ha incrustado en una parte de la sociedad canaria. Durante 2014 se multiplicó por dos el número de comidas servidas en este tipo de centros: 2.303 desayunos, 2.512 almuerzos y 2.312 cenas.
En las Islas, además de los comedores de los albergues, el Gobierno ha abierto durante los últimos años los de los colegios. Con el pretexto de aprender idiomas, la Consejería ha buscado la fórmula de que los niños de las familias con menos recursos no tengan problemas graves de alimentación.
La clave, el voluntariado
Sin voluntarios no habría tantos albergues ni se podría prestar atención a tantas personas. Según la estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la solidaridad tiene mucha responsabilidad en que estos centros permanezcan abiertos todos los días. Más de la mitad de los trabajadores lo hace de manera altruista. El fenómeno, sin embargo, no es exclusivo del Archipiélago: se repite a lo largo de todo el territorio español. El número de trabajadores en 2014 fue de 17.572. El 33,4% lo hicieron a tiempo completo (33% en 2012) y el 66,6% a tiempo parcial (67,0% en 2012). De ellos, el 60,9% era voluntario, el 30,8% asalariado y el 8,2% tenía otro tipo de vinculación -personal subcontratado, estudiante en prácticas o religioso-. Además, el personal de dirección de estos centros supuso el 4,5% del total; el técnico titulado con funciones sanitarias o socioeducativas, el 19,7%; y el personal auxiliar sanitario, socioeducativo, administrativo y de servicios, el 75,9%.
Líderes en inversión
Las comunidades autónomas con mayor gasto medio anual por centro fueron Canarias (con 874.079 euros), Baleares (615.781) y Cataluña (504.252); las que menos, Castilla y León (124.337 euros), Castilla-La Mancha (178.121) y País Vasco (195.373). Es decir, el Archipiélago gastó siete veces más por centro que Castilla y La Mancha. Si se tiene en cuenta la titularidad de los centros, el 54,2% de los públicos tuvo gastos anuales iguales o inferiores a 100.000 euros; el 26,8% entre 100.001 y 500.000 euros; y el 18,9% superó el medio millón de euros. Entre los privados, el 41,5% contó con un presupuesto de hasta 100.000 euros.