El Gobierno de Canarias abonará "lo antes posible" a los empleados públicos buena parte de la paga extraordinaria de Navidad que el Ejecutivo central suprimió en 2012 y que los tribunales han obligado a devolver. La cantidad que la Administración autonómica tiene previsto reintegrar suma "aproximadamente 30 millones de euros", reveló ayer en el Parlamento el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, y con ella se completará el 50% del total.

Afonso intervino en el Pleno de la Cámara para responder a una pregunta de Socorro Beato, diputada de Coalición Canaria, quien se interesó por el momento en que se procederá a realizar el pago. El consejero explicó que, a diferencia del Gobierno central, el Ejecutivo canario no dispone de instrumentos como el real decreto ley para agilizar la medida, por lo que tiene que tramitarla a través de una ley de crédito extraordinario. En cualquier caso, garantizó que el pago se llevará a cabo antes de que finalice el año. El 50% restante se afrontará en 2016.

La mencionada ley estará dotada con algo más de 39 millones de euros, porque también incluirá fondos para la prestación canaria de inserción (PCI) -7,5 millones de euros- y para las prestaciones a los beneficiarios de la ley de dependencia.

Canarias ha sido la primera comunidad autónoma en ingresar a los empleados públicos -funcionarios y laborales- una fracción de la extra eliminada por el Gobierno del PP. Lo hizo con la parte que se había devengado cuando la medida entró en vigor, y se abonó a los trabajadores junto a la nómina de abril del año pasado.

También los empleados de la Administración de Justicia han recibido la paga que en su momento se les retiró, aunque en este caso la han cobrado entera, pues el derecho a percibirla ya estaba totalmente devengado. El motivo por el que se procedió a la recuperación de la extra navideña fue una sentencia judicial que reconocía este derecho a una trabajadora y que el Gobierno regional decidió extender a todos los demás. Estos datos, señaló Afonso, "dejan clara la posición y la voluntad" del Gobierno.

El consejero de Presidencia tachó de "chapuza jurídica" la retirada de la paga extraordinaria de 2012 y recordó que el Ejecutivo central incluso llegó a oponerse a que Canarias devolviese la cantidad correspondiente a la parte devengada en abril de 2014.

5.000 canarios renunciaron a sus herencias

La carga económica que representa el Impuesto de Sucesiones y Donaciones obligó a más de 5.000 canarios a renunciar a sus herencias entre los años 2007 y 2014. El dato fue aportado ayer en el Parlamento regional por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), quien contradijo a Podemos, grupo que le dirigió una pregunta al respecto en el Pleno, al asegurar que la inmensa mayoría de las personas que tributan este impuesto -un 99,8%- tiene rentas bajas.

Esta proporción de declarantes de limitados recursos justifica, a juicio de Dávila, la decisión que ha tomado el Ejecutivo: bonificar al 99% el impuesto a partir del 1 de enero de 2016. Esta medida, en cambio, no parece suscitar un respaldo inequívoco por parte del PSOE, socio en el Gobierno de CC. Su portavoz, Iñaki Lavandera, advirtió de que los socialistas apoyarán la bonificación si la responsable de las finanzas autonómicas proporciona toda la información necesaria, lo que no dudó que hará.

En su intervención durante una comparecencia posterior, recogida por Efe, Lavandera subrayó que "aunque algunos no lo crean, el PSOE es un partido de izquierdas" que "no se puede sustraer al debate sobre la progresividad de la fiscalidad".

La sesión plenaria permitió delimitar dos bloques diferenciados en este asunto, con el PSOE y su ambigua posición en medio: CC, PP y Agrupación Socialista Gomera a favor de que la deducción salga adelante tal cual está planteada, y Podemos y Nueva Canarias partidarios de que beneficie solo a las rentas bajas.