La pobreza tiene muchas formas de manifestarse. El índice de desempleo es una de ellas, pero no la única. En Canarias, contar con un contrato laboral no es garantía de integración. Dos de cada tres canarios con trabajo cobran menos del salario mínimo y uno de cada dos ingresa solo 1.000 euros al mes. Muchos de ellos, además, son cabeza de familia. Las cifras fueron expuestas ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, en su comparecencia en el Pleno del Parlamento para hablar del futuro plan contra la pobreza y de las acciones que el Ejecutivo tomará de manera inmediata.
No hubo promesas económicas de qué partidas se destinarán en los próximos presupuestos autonómicos a luchar contra la pobreza, pero sí objetivos a largo plazo. La vicepresidenta admitió que las situaciones de desamparo que persisten en muchos puntos del Archipiélago obligan al Ejecutivo a diseñar un plan más ambicioso que la actual estrategia de lucha contra la pobreza. Esta última se extenderá durante 2016 y será dotada de recursos, pero, al mismo tiempo, el comisionado para la inclusión social se encargará de hacer un diagnóstico de las carencias y debilidades del sistema canario. A partir de ahí se elaborará una hoja de ruta que no se pondrá en marcha, al menos, hasta 2017, y que estará compuesta de medidas de choque pero, sobre todo, de un potente programa de prevención.
"No vamos a pelearnos por las cifras, ni las vamos a engordar cuando hablemos de partidas financieras ni vamos a usar los datos del paro como si fueran fracaso o éxitos", subrayó. La vicepresidenta reconoció que la realidad que viven muchas familias enn el Archipiélago es dramática, que muchos ancianos no tienen dinero para pagarse los medicamentos, que 12.000 personas dependientes están sobreviviendo sin ayudas y que el descenso de la tasa de paro está lleno de trabajadores que solo son contratados un par de horas. "Ha descendido el número de desempleados, pero sin embargo ha bajado la recaudación", denunció.
Además, para afrontar el drama de todos aquellos que esperan por la Prestación Canaria de Inserción (PCI), Hernández insistió en que el crédito extraordinario para abonar las ayudas está prácticamente listo, aunque no dio una fecha para el ingreso de la ayuda. "Los fondos estarán para ya", dijo, haciendo referencia a los siete millones de euros que el Gobierno quiere utilizar para abonar la PCI de unos 3.500 ciudadanos que llevan al menos dos meses sin cobrar.
La comparecencia de la vicepresidenta fue a petición de Nueva Canarias (NC), que tendió la mano al Ejecutivo, pero recordó, con vehemencia, que las buenas intenciones no llegan a ninguna parte si no vienen acompañadas de una financiación adecuada. "Estoy convencido de que sus antecesores también querían, sinceramente, ayudar a miles de familias, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque no contaron con los recursos necesarios", resumió Luis Alberto Campos. El diputado de NC puso especial énfasis en recordar que detrás de cada número hay una persona, y que muchas ya han perdido cualquier esperanza y no tienen expectativas de que la situación mejore. Por ese motivo, elogió la elaboración de un plan que se dilate en el tiempo, -similar al que que impulsó Manuel Hermoso en su día-, pero recordó que el estado de emergencia social actual exija actuaciones inmediatas. "Es preciso romper el círculo de la pobreza", pero los afectados necesitan las ayudas ya, subrayó, en alusión a la herencia de la precariedad que pasa de padres a hijos.
Casimiro Curbelo, por su parte, quiso que el compromiso de su grupo, la Asociación Socialista Gomera (ASG), fuera más allá de las palabras y aseguró en el Pleno de la Cámara autonómica que el Cabildo de la Isla Colombina está dispuesto a poner seis millones de euros con cargo a los presupuestos insulares de 2016. El presidente de ASG instó a las otras coporaciones a asumir sus responsabilidades con valentía.
Todos los diputados, en definitiva, estuvieron de acuerdo en que hay que proteger a los más vulberables y que las estadísticas reflejan una realidad compleja que deben afrontar todos los grupos políticos, con independencia de que estén o no en el equipo de Gobierno.