Los propietarios de viviendas vacacionales podrán respirar, al menos durante un tiempo. El Parlamento de Canarias instará al Gobierno regional a paralizar la aplicación del polémico decreto que regula esta actividad, así como el régimen sancionador que contempla. Eso sí, los grupos autores de la iniciativa -CC y PSOE, socios en el Ejecutivo- advirtieron ayer en la Cámara de que no entra dentro de sus intenciones "promover una mayor oferta de este modelo".

Lo que ambos pretenden -puntualizó José Miguel Ruano, portavoz del grupo nacionalista- es ordenar y "traer a la legalidad" la oferta que ya existe, entre otras cosas porque temen que fomentar nuevas camas puede favorecer la introducción de "promotores bancarios" interesados en sacar rentabilidad de este modelo.

La proposición no de ley refrendada por el Parlamento incluye, asimismo, el llamamiento al Gobierno autonómico para que ponga en marcha "un proceso de revisión y de reelaboración" de la norma en el que deben participar "todos los agentes e instituciones implicadas".

El decreto del alquiler vacacional fue aprobado a escasos días de las elecciones del 24 de mayo, como se encargó de recordar el propio Ruano, quien subrayó la "insuficiencia" del texto. No obstante, nacionalistas y socialistas dejaron claro que no pretenden desarrollar "una defensa única" de este modelo turístico, sino rectificar la normativa para que responda a los planteamientos del sector que la impulsó.

CC y PSOE obtuvieron el apoyo de Nueva Canarias -más crítica, incluso, que Ruano al juzgar el requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el decreto- y de la Agrupación Socialista Gomera, pero no del Partido Popular y Podemos, que se abstuvieron y que vieron cómo se desestimaban sus enmiendas a la proposición no de ley.

El PP perseguía que la paralización afectase solo al régimen sancionador de la norma, y no al conjunto de esta. De este modo, los populares intentaban evitar que las viviendas quedasen, como antes de la aprobación del decreto, en situación de "alegalidad" e inseguridad jurídica. "La proposición no de ley es inexacta y ambigua", expuso la parlamentaria del PP Astrid Pérez.

El objetivo que buscaba Podemos con su enmienda era ponerle un plazo de dos meses a la revisión del decreto -"es urgente", apremió la diputada Asunción Delgado- y, además, indicar en qué aspectos debe modificarse: eliminando la prohibición del alquiler vacacional en las zonas turísticas y autorizando el alquiler por habitaciones ("bed & breakfast").

Ascav: "CC y PSOE solo quieren demorarlo"

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) no se ha quedado totalmente satisfecha con la iniciativa del Parlamento de pedir al Gobierno que paralice el decreto que regula la actividad. "Lo único que pretenden los socios -CC y PSOE- es demorar el asunto", opinó, nada más aprobarse la proposición de ley de nacionalistas y socialistas, Francisco Díaz, miembro de la junta directiva de este colectivo. "Parece que para ellos es una papa caliente", añadió. A juicio de Díaz, los partidos deberían, en lugar de instar a la paralización, solicitar al Ejecutivo a "modificar urgentemente" la normativa "para solucionar el problema".

"Alegría" por la suspensión de las multas

Pese a sus críticas, los componentes de Ascav ven "una nota positiva" en la iniciativa aprobada ayer. La suspensión del régimen sancionador -que implica multas de entre 30.000 y 300.000 euros- es "un motivo de alegría" y "una buena noticia". En cuanto a la negativa de CC y PSOE a ampliar la oferta, Francisco Díaz interpretó que se trata de evitar la llegada de promotores y bancos que se hagan con complejos residenciales para destinarlos al alquiler vacacional. Sin embargo, considera injusto que la misma medida frene la incorporación de pequeños propietarios interesados en poner sus viviendas en régimen de alquiler para el turismo.