La Consejería de Empleo pondrá en marcha un plan contra el fraude y la explotación laboral en Canarias para "acabar con situaciones indignas". Así lo explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Patricia Hernández, que concretó que, desde que empezó el año, los servicios de Inspección han detectado a 3.378 personas trabajando de manera irregular.
Hernández hizo estas declaraciones en el acto de toma de posesión del viceconsejero de Empleo, Rafael Yanes, a quien encomendó la misión de trabajar duro para conseguir reducir las cifras de desempleados, pero siempre a partir de "criterios de calidad". La responsable del área insistió una vez más en que su departamento no busca maquillar cifras y que los números solo cambiarán si lo hacen las situaciones personales de miles de personas que no tienen empleo o no pueden vivir del ínfimo sueldo que reciben. La prueba es que, a pesar de la mínima mejoría de los datos del paro, el número de horas trabajadas no ha aumentado, lo que refleja la precariedad de los nuevos contratos, apuntó.
El plan que prepara Empleo tiene bastante trabajo por delante. Según los cálculos de la agencia de calificación Fitch, la economía sumergida de Canarias genera al año 11.027 millones de euros, es decir, el 28% de su Producto Interior Bruto (PIB). Esto significa que uno de cada tres euros de la economía de Canarias proviene de la economía sumergida. Además, más de la mitad de los desempleados del Archipiélago no cobran ningún tipo de prestación, situación que favorece el fraude. Este escenario fue desvelado recientemente gracias a una pregunta formulada por el diputado nacionalista Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados.
Canarias es la cuarta región con mayores niveles de economía sumergida, precedida solo por Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas son, además, las cuatro regiones con mayor tasa de paro del Estado, ranquin que pone de relieve que estas actividades son mayores cuanto más débil es la economía de la comunidad.
Las acciones que financia este año la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en materia de lucha contra la economía sumergida conllevan una inversión de 140.000 euros, que se han distribuido entre diez proyectos, y que van destinadas a sensibilizar tanto a los empresarios como a los trabajadores sobre las consecuencias negativas del empleo no declarado. Estas iniciativas abarcan la realización de campañas de sensibilización a través de espacios "on line", en los que también se reciben denuncias sobre situaciones irregulares.
Subvenciones
Empleo ha destinado, además, 350.000 euros a financiar las iniciativas de entidades y asociaciones que lleven a cabo proyectos de lucha contra la economía sumergida en las Islas y también acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Seguimiento
La Consejería, además de detectar casos de fraude, realiza un seguimiento para asegurarse de que la persona afectada mantiene su empleo y condiciones laborales.