Diecinueve municipios canarios decidieron a comienzos de esta década que no tenían capacidad política o económica para redactar sus planes generales de ordenación (PGO) y pidieron ayuda al Gobierno. Esta figura -los planes supletorios- fue adoptada en la Ley de Medidas Urgentes de 2009 y ha permitido desatascar los planeamientos municipales, pese a que ha sufrido cierto retraso respecto a lo previsto inicialmente. Pero la ley que prepara el nuevo Ejecutivo regional para unificar toda la normativa en materia territorial, urbanística, medioambiental y turística eliminará esta posibilidad para dejar toda la responsabilidad en manos de unos ayuntamientos que "ya son mayores de edad".

Se acabará, pues, la tutela gubernamental, que solo aparecerá cuando la inactividad o la "dejación de funciones" de las corporaciones locales obligue a intervenir y asumir las competencias municipales, una prerrogativa -la subrogación- que va más allá de la supletoriedad y que ya estaba recogida en la ley. Hasta el momento solo se ha utilizado en un caso: el de la localidad tinerfeña de El Tanque.

Estos cambios forman parte del proyecto de simplificación normativa que ha emprendido la Consejería de Política Territorial y que ya ha dado su primer paso con la conformación de los directores del equipo de trabajo que debe liderarlo. El papel que debe desempeñar en este proceso la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha despertado polémica desde que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, esbozó sus intenciones.

El viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, recalca lo que ya ha dicho Clavijo: la Cotmac no desaparecerá, pero dejará de tener la última palabra en los planeamientos locales e insulares. Los ayuntamientos y los cabildos aprobarán sus planes, y la Comisión "se tendrá que convertir en un órgano de consulta más" que emitirá sus informes en materia medioambiental -"más colaborativo que fiscalizador"-, del mismo modo que lo hacen otras instituciones y entidades.

La aprobación en los propios consistorios significará plazos más breves y, según Romero, no tiene por qué implicar menos control. "Si metes la pata y no haces caso de un informe, ahí están los tribunales", avisa.

Las modificaciones que se introduzcan en la legislación se dirigen también a favorecer la estabilidad de los planes, que en los últimos años han sufrido constantes vaivenes cada vez que se promulgaba una nueva ley o normativa. La que surja del trabajo impulsado en esta legislatura no obligará a una nueva adaptación, sino que tratará de ofrecer una "foto fija" en la que, cuando sea necesario, se realizarán revisiones concretas, orientadas a facilitar "que sucedan cosas" -que se cree actividad económica y empleo- en la escasa proporción del territorio -no más de un 8%, calcula el viceconsejero- donde es posible operar.

Con la ley aglutinadora de toda la normativa en la materia -la "ley mágica", como la ha definido con ironía el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez-, el Gobierno pretende dar otro giro a las políticas del pasado reciente -protagonizadas, otra ironía, por los mismos partidos- y hacer "lo que no se hizo con las últimas leyes: contar con la sociedad civil, con los redactores, los cabildos y con los funcionarios". El objetivo es que sea "de todos" y que, como ocurrió con la Ley del Territorio del 99 y la de Directrices de 2003, sea aprobada por unanimidad.

Diecisiete planes supletorios pendientes

Dos de los 19 ayuntamientos que pidieron la intervención del Gobierno regional en sus planeamientos municipales -cofinanciación incluida- ya los tienen aprobados de forma definitiva. Se trata de Yaiza (Lanzarote) y Teror (Gran Canaria), dos localidades "complejas", según el viceconsejero de Ordenación Territorial, Jesús Romero, quien así destaca que la tramitación de estos instrumentos se ha desarrollado en un plazo "razonable".

En cuanto a los 17 restantes, se encuentran en su fase final. Romero admite, si acaso, "un retraso de un año", pero entiende que las circunstancias lo han hecho inevitable. Primero vino la crisis y obligó a priorizar. "La elección era: o tiritas para la sanidad y educación para los niños, o el planeamiento", de manera que los recursos humanos y financieros menguaron. A continuación, el Gobierno optó -"con buen criterio", a juicio de Romero- por dar preferencia a los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, todos ellos ya aprobados.

El Ejecutivo asegura que el final del camino para los últimos planes supletorios tiene fecha: 2016.

las claves

Los planes supletorios son una figura recogida en la ley de 2009 con la que el Gobierno pretendía impulsar los PGO que se encontrasen estancados, sea por incapacidad política de los ayuntamientos -falta de mayorías- o por la escasez de recursos.

Diecinueve municipios se acogieron a esta posibilidad, de los cuales dos ya se han aprobado (Yaiza y Teror) y 17 se encuentran en su fase final, según el Ejecutivo. En un caso -El Tanque-, el Gobierno le retiró las competencias al consistorio.

La intención de que las corporaciones aprueben su propio planeamiento quita sentido, a juicio de Política Territorial, a los planes supletorios.