El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha afirmado hoy que devolverá la desaladora de Montaña Roja, en cumplimiento del auto judicial que le obliga a ello, pero ha insistido en que el suministro de agua de esa planta es "ilegal" y con precios "abusivos".

En un comunicado, San Ginés reitera su "total respeto a las instancias y decisiones de los tribunales" y manifiesta que "cumplirá, como no podría ser de otra forma, con el imperativo judicial ordenado de restituir a la promotora las plantas, aunque éstas sigan realizando el citado suministro ilegal".

Según el presidente del Cabildo, ese suministro no ha sido autorizado por "ningún organismo" y se produce a "precios abusivos", pero también matiza que, si no se devolviera la planta, se "produciría el desabasteciento a los vecinos", cosa que la administración insular pretende "evitar a toda costa".

Para ello, ha informado de que ha convocado una reunión urgente el próximo martes con la promotora Club Lanzarote para devolver la desaladora de Montaña Roja, en los términos establecidos en el oficio dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas, que fue recibido ayer por la corporación y que desestima el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Consejo Insular de Aguas.

En la nota, se indica que a esta cita acudirán los gerentes del Consorcio del Agua de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas y sus representantes legales.

San Ginés insiste en que "la prioridad será garantizar el abastecimiento y suministro de agua a los vecinos de Montaña Roja, que es lo se ha hecho hasta la fecha y se hará".

El Cabildo de Lanzarote recuerda que, en el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Consejo Insular de Aguas, se solicitaba que antes de devolver la desaladora y resto de la infraestructura incautada, se concediera un plazo para realizar las obras de conexión de Montaña Roja con la red general.

Añade que el objetivo de esta obra era garantizar el suministro de agua a los ciudadanos y más de una quincena de complejos turísticos de esta zona para que pudieran acceder a un servicio legal y en las mismas condiciones, calidad y precio que el resto de los usuarios de la isla, señala la nota.

Así mismo, indica que "paradójicamente, el hecho de que hasta la fecha se estuviera vendiendo agua de forma ilegal, no autorizada por ningún organismo y a precios abusivos, muy por encima de los aplicados para el resto de ciudadanos, tal y como ha venido advirtiendo insistentemente la Dirección General de Comercio y el Diputado del Común, no ha sido cuestionado por ningún Juzgado".

San Ginés reitera que "la medida cautelar se adoptó en el marco de un expediente sancionador ya resuelto, atendiendo a la propuesta del propio instructor del mismo que, entre otras cosas, propone el cese de la actividad y/o el precinto de las instalaciones, advirtiendo de la necesidad de preservar el interés general; es decir, el abasto a los vecinos y, por lo tanto, no ejecutar dicho precinto hasta tanto no llegue la red pública a esta zona". "Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer", apostilla.

Según la nota, el Consorcio del Agua de Lanzarote, a través de Canal Gestión, emprendió hace unos meses estas obras de conexión a la red pública que fueron paralizadas por la promotora Club Lanzarote y que desde la institución se pretende desbloquear "de inmediato".