El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, ha asegurado hoy que causas legales, relativas al decreto que la regula, impiden variar las condiciones de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2007 y ha considerado "inaudito" el retraso en más de ocho años en la ejecución de la actual oferta.

Morera hizo esta afirmación en una respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Juan José Márquez, quién recriminó al Gobierno de Canarias incumplir la promesa electoral de modificar los requisitos de la vigente OPE.

El consejero indicó que el modelo de convocatoria se ajusta a la normativa básica y por ello no pueden ser atendidas ninguna de los tres requisitos reivindicados por la plataforma Por una OPE más justa.

Indicó que entiende la reivindicación de la plataforma de que se tenga una mayor ponderación de la experiencia profesional frente al examen, la no vinculación de los criterios de desplazamientos de personal estatutario a la puntuación obtenida en la fase de selección del concurso-oposición y la desvinculación de las listas de contratación de la Oferta Pública de Empleo en las próximas convocatorias.

Consideró que si tuviese que elegir entre un cirujano con 15 años de experiencia y un cinco en un examen y otro con un 10 pero con solo un año de experiencia laboral, tendría claro que elegiría al primero.

No obstante apuntó que sentencias e informes jurídicos avalan que la experiencia pierda peso sobre el examen, aspecto que, señaló, le llama la atención.

Se trata de la disyuntiva entre lo justo y la legalidad y "a mi entender la experiencia laboral tiene un peso fundamental", dijo Morera.

El responsable de la sanidad canaria indicó que en mitad del proceso es imposible cambiar las reglas del juego, en referencia a la regulación de la OPE, y subrayó que cualquier pretensión de cambio supone luchar contra una "pared legal".

El consejero afirmó que en la última reunión del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con representantes de la plataforma se acordó que los servicios jurídicos del Gobierno estudiaran la situación y aseguró que si existiera cualquier resquicio legal "estaría dispuesto a aplicarlo".

A lo que sí se comprometió es a estudiar la modificación de la regulación ante futuras ofertas de empleo aunque reconoció que la tarea no es fácil y el contenido del decreto que lo regula fue pactado en la mesa de la función pública con los sindicatos.

Morera también consideró inaudito que una OPE de 2007 se esté examinando ocho años después y afirmó que el problema es la carencia de personal, ya que hay solo tres técnicos y siete auxiliares administrativos cuando en otras comunidades se dispone de servicios enteros para este cometido.

Se refirió a la prueba de enfermería, a la que está previsto que se examinen unas 30.000 candidatos, y afirmó que se está hablando con los gerentes de los hospitales para determinar el lugar del examen y las coberturas de los servicios el día de la prueba.

El diputado de Podemos Juan José Márquez recordó que en el estatuto del empleo público se recoge que las ofertas de empleo público deben ser cada tres años por lo que consideró que se está, como poco, cometiendo una ilegalidad.

Márquez recriminó que los requisitos legales que ahora aduce el consejero para no poder modificar las condiciones, son los mismos que había en la campaña electoral, en la que, según el diputado de Podemos, el PSOE, partido al que pertenece el consejero, se comprometió a aceptar demandas de esta plataforma como la de desvincular las listas de trabajo a la OPE.

Además indicó que en otras comunidades el baremo de la experiencia alcanza hasta el 70 por ciento y como mínimo el 40 por ciento, el doble de lo que se exige en Canarias. En su opinión, esto produce un efecto llamada de opositores.