El primer problema fueron los desahucios por impagos de hipotecas. Ahora, el desalojo de familias que no pueden hacer frente a un alquiler, aunque sea escaso, y acaban en la calle. La vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, insistió ayer en que desde que accedió al cargo ningún ciudadano se ha quedado sin vivienda por tener una deuda hipotecaria con una entidad bancaria, pero admitió que su departamento carece de información y está teniendo problemas para atender a quienes viven de alquiler y no pueden abonar la mensualidad.
Hernández, que compareció en el pleno del Parlamento a petición de Nueva Canarias (NC), planteó articular un protocolo que permita que el Instituto de la Vivienda tenga acceso a los expedientes y pueda prestar auxilio a todas esas personas que no pueden afrontar los gastos de su casa. La vicepresidenta respondió así a las críticas de todos los grupos parlamentarios -salvo el Grupo Mixto-, que expusieron casos concretos de desalojos recientes. "No vamos a solucionar todos los problemas de vivienda del Archipiélago; decir lo contrario sería hablar de ciencia ficción, pero no cesaremos en nuestras ambiciones", dijo. Tras admitir la complejidad del asunto criticó con dureza las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular a nivel estatal durante los últimos años y la suspensión de parte de la ley canaria de vivienda por el Tribunal Constitucional (TC). Además, calificó de "cinismo" la actitud del grupo popular al alertar de los desahucios entre particulares y no hacer lo propio con Bankia, que fue rescatada con fondos públicos. "Es escandaloso", lamentó.
Ese estrecho margen para actuar es en parte, dijo, lo que ha impulsado la creación de la Oficina de Derecho a la Vivienda, que hará una labor "de Gestapo" para ver dónde se puede producir un desahucio y así intervenir, además de analizar las posibles cláusulas abusivas en firmas de nuevas hipotecas y en contratos de alquiler. Otra de las actuaciones para que los ciudadanos no vean vulnerados sus derechos es que no habrá pisos de titularidad pública cerrados y no se producirán desahucios en promociones de protección oficial y propiedades de Visocan.
"Queremos firmar un protocolo con la Administración de Justicia para poder trabajar con los expedientes y saber dónde se va a producir un desalojo. Las plataformas antidesahucios (PAH) no nos informan de algunos casos", subrayó. En la tribuna, como espectadores, estaban varios miembros de estas plataformas, entre ellos la portavoz de la PAH en Tenerife, Inma Évora, muy crítica con la gestión de Hernández.
La vicepresidenta también destacó el trabajo que está haciendo su departamento para cruzar datos con los ayuntamientos y poder ofrecer en tiempo y forma un alojamiento a las familias que de un día para otro se ven en la calle.
La "feminización" de las casas de protección oficial
"La mayoría de las viviendas están en manos de hombres, no de mujeres. Eso va a cambiar". La desigualdad de género también tiene reflejo en la adjudicación de vivienda pública. Patricia Herández quiere que eso cambie y las mujeres ganen en autonomía. Su objetivo es empezar por las más vulnerables. Por ello, el sistema de baremación que sustuirá al sorteo de pisos sociales priorizará a las víctimas de violencia de género. Hasta ahora estas mujeres accedían a un cupo específico, pero reducido, de casas. La consejera quiere que ahora sea un criterio "que puntúe". También tendrán preferencia las familias numerosas o quienes ya hayan sido desahuciados.