Hace más de veinte días que el Parlamento regional acordó instar al Gobierno a paralizar la aplicación del decreto que regula el alquiler vacacional en las Islas, pero la polémica normativa continúa en vigor. Entre tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha asumido ya la tramitación de dos recursos contra el texto, el último de los cuales -interpuesto por un particular- fue publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias, y a los que pronto habrá que sumar el que ha anunciado Ascav, la asociación que agrupa en el Archipiélago a los propietarios e intermediarios de viviendas vacacionales.

Anteriormente -el 27 de agosto-, el Boletín había publicado el anuncio mediante el que la Consejería de Turismo acusaba recibo del oficio remitido por el TSJC y emplazaba a todos los interesados en el recurso.

También el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha manifestado su oposición al reglamento, aunque no ha acudido a los tribunales. La entidad se ha dirigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Diputado del Común, con el que ha pedido una entrevista. Asimismo, ha involucrado al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas en el asunto para que se reúna con la propia CNMC.

El decreto era una reivindicación del propio sector del alquiler vacacional para regular y sacar de la alegalidad esta actividad, pero al excluir las viviendas situadas en zonas turísticas y el "bed & breakfast" terminó suscitando las críticas de las asociaciones al entender que cerca del 90% de la oferta queda en situación ilegal.

La CNMC respaldó las demandas de Ascav y solicitó al Gobierno canario que "suprima o modifique" algunos de los artículos de la norma.

Poco después, el Parlamento aprobó una proposición no de ley de CC y PSOE para dejar sin efecto el decreto hasta que sea sometido a un proceso de revisión en el que participen todos los agentes implicados.

El portavoz de CC en la Cámara, José Miguel Ruano, advirtió entonces de que dicho proceso no supondrá, en ningún caso, la posibilidad de introducir más oferta de este tipo en las Islas, y que solo se orientará a adaptar la norma a las demandas del sector.

Pese a considerar "un motivo de alegría" la suspensión del régimen sancionador contenido en el decreto, Ascav se mostró cautelosa al acusar a los socios de gobierno de "demorar" el problema.