El Consejo de Gobierno aprobó ayer a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad un acuerdo por el que se da luz verde al procedimiento para acometer el análisis y revisión de la legislación sectorial para detectar y corregir las duplicidades de competencias administrativas de las distintas administraciones públicas de Canarias.

Este procedimiento estaba incluido en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Asimismo, en el marco del cumplimiento de lo establecido en la citada legislación y en los compromisos asumidos en el Pacto de Gobierno 2015-2019, el Ejecutivo también considera necesario poner en marcha este estudio de la legislación para llevar a cabo un nuevo proceso de descentralización de competencias hacia las Administraciones Públicas más cercanas al ciudadano.

Para llevar a cabo esta labor, cada departamento revisará la legislación sectorial de los ámbitos funcionales que tiene atribuidos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, con el objetivo de alcanzar una Administración más ágil y con un reparto claro de las competencias.

En dicho análisis se dará audiencia de los municipios y cabildos a través de la Fecam y la Fecai y, en caso de que estén en funcionamiento, se pedirá informe del Consejo de Colaboración Insular y del Consejo Municipal de Canarias, como órganos colegiados de colaboración y cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los municipios y cabildos.

Del acuerdo final se dará cuenta al Parlamento de Canarias de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares con objeto de dar cumplimiento a la revisión de la legislación sectorial que esta prevé a fin de detectar y corregir las duplicidades en el ámbito de la Administración.

El fin último de esta iniciativa es conseguir que la administración gane eficiencia y no destine numerosos recursos para conseguir lo mismo. Igualmente, garantizar que las corporaciones más cercanas al ciudadano tengan capacidad legal para prestar los servicios que estos demandan.

El decreto sobre altos cargos, al Consultivo

El Consejo de Gobierno acordó ayer solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto por el que se modifica el que regula la organización y el funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos.

El Ejecutivo pretende con esta medida adaptarse a la modificación introducida por la disposición final primera de la Ley de transparencia y de acceso a la información pública, explicó su portavoz, Narvay Quintero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo. Esa modificación establece que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos reglamentariamente.

Además, prevé, en relación con los bienes patrimoniales, que se publique una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.

"Con ocasión de la aprobación de esta norma, el Gobierno quiere manifestar que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ya está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que regule con carácter general el Estatuto de los Altos Cargos e incorpore al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben seguir de guía para la conducta de los miembros del Ejecutivo", agregó Quintero.