Canarias lleva cinco años sin un plan para atender a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. La única estrategia fue aprobada en el año 2005 y estuvo vigente hasta 2010. El Parlamento canario acogió ayer la primera comisión específica sobre discapacidad con el mandato de convertir el Archipiélago en un lugar accesible donde las administraciones den cobertura real a los demandantes y no cedan sus responsabilidades a asociaciones sin ánimo de lucro.
El reto es más que complicado. Implica más recursos y mucha más concienciación. El Archipiélago no dispone aún de un censo oficial de personas con discapacidad. Las asociaciones del sector han demandado en numerosas ocasiones la necesidad de crear un registro pormenorizado, que permita obtener una radiografía real de lo que ocurre en cada isla. Este requisito es, para ellas, un paso previo para poder hacer de la accesibilidad una realidad.
La consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, prometió un ambicioso plan de atención sociosanitario, además de implementar una estrategia transversal que promueva cambios inmediatos en la propia Administración. Para ello, aseguró que este sector tendrá un trato diferenciado a la hora de elaborar los presupuestos autonómicos y que estos nuevos recursos permitirán incrementar el personal y afrontar la cuantía económica para garantizar el reconocimiento de los distintos grados de discapacidad. "Su disposición como sector prioritario permitirá al Ejecutivo destinar partidas a la contratación de más personal con el fin de desbloquear problemas acumulados en el tiempo", dijo.
El primer objetivo es que determinadas situaciones dejen de producirse, como que las personas sordas sean informadas de las citas médicas por teléfono o que se inauguren obras públicas inaccesibles, pero sobre todo que los afectados no tengan una vida en igualdad de condiciones que el resto. Estas demandas fueron compartidas por todos los grupos parlamentarios.
Guadalupe González Taño, diputada del grupo nacionalista, dio el toque más humano de la comisión. Usó su propia experiencia para diferenciar entre discapacidad y dependencia, dos temas que centraron la primera comparecencia de Hernández y que fueron motivo de duras críticas por parte de la diputada popular Josefa Luzardo. "Soy una persona que tiene una discapacidad, pero no soy dependiente. En cambio, cuando los que estemos sentados en esta mesa tengamos 85 años seremos dependientes. Es la Administración la que puede asegurar la autonomía de todos los ciudadanos".
González Taño centró su única intervención en enumerar medidas que no implican un gran coste económico y que suponen una ayuda para este colectivo. Como ejemplos citó el uso de intérpretes en la Televisión Canaria y en los cursos del Servicio Canario de Empleo (SCE) para que las personas con discapacidad puedan usar la formación para el empleo como forma de "reciclaje".
Melodie Mendoza, del grupo mixto, trasladó la falta de accesibilidad al propio Parlamento y apuntó que si un diputado fuera en silla de ruedas la comisión no se habría podido celebrar donde tuvo lugar, en la sala de la Biblioteca, que se ubica en el primer piso.
La diputada socialista Teresa Cruz Oval hizo un exhaustivo repaso histórico por las distintas normativas sobre el tema y denunció el habitual "olvido".
A pesar de que no hay un censo, Oval se aventuró a decir que en el Archipiélago, si se tiene en cuenta la tasa de incidencia a nivel nacional, hay unos 300.000 canarios en esta situación. Estos problemas se agravan cuando se trata de personas que tienen problemas mentales, una combinación que exige más sensibilidad, puntualizó.
Joan Pahísa y Raquel Domínguez explican sus experiencias en La Laguna
La fundación Adecco organizó una charla ayer en el teatro Leal de La Laguna con dos personas que se han convertido en un ejemplo de superación: Joan Pahísa, que no llega al metro de estatura, pero es deportista profesional e ingeniero informático, y Raquel Domínguez, que tiene una enfermedad degenerativa que la obliga a llevar los brazos "atornillados". / ángel hernández