Los turistas que recurren al alquiler vacacional en España muestran una preferencia especial por esta modalidad alojativa, hasta tal punto que el 32% de ellos no hubiera elegido el destino si no hubiese podido acceder a ella. Así se recoge en un estudio financiado por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), cuyo presidente, Pablo Zubicaray, participó ayer en el segundo Foro del Alquiler Vacacional organizado por Ascav, el colectivo que defiende en las Islas los intereses de los propietarios y operadores de estos inmuebles.
Este análisis -realizado sobre entrevistas a 775 usuarios y 445 propietarios- no incluye datos de Canarias, pero sí de grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, y zonas costeras, como Mallorca, un destino que, según Zubicaray, es similar al Archipiélago. El presidente de Fevitur detalló algunas cifras que arroja el alquiler vacacional en la isla balear: 1,5 millones de turistas alojados en 2014, con un gasto de 1.261 millones de euros destinado casi a partes iguales al comercio de proximidad, establecimientos comerciales de mayores dimensiones y actividades y transporte.
El encuentro promovido por Ascav reunió en el salón de actos de Cajasiete en Santa Cruz de Tenerife a especialistas y empresarios, así como a unos 200 espectadores que aplaudieron especialmente la última intervención de Zubicaray: "En la universidad me enseñaron que lo más importante es escuchar al cliente; pues bien, los clientes han dicho que quieren alquiler vacacional y luego se lo hemos prohibido", dijo, antes de añadir que este es "el modelo turístico que más crece en España".
Han pasado diez meses desde el primer foro de propietarios de viviendas turísticas de Canarias, un plazo en el que se han producido algunos cambios. La aprobación, a finales de la pasada legislatura, del decreto que regula esta actividad, venía a responder, en principio, a las reivindicaciones del sector. Sin embargo, la exclusión en el último momento de las viviendas localizadas en zonas clasificadas como turísticas y del "bed & breakfast" supuso un varapalo para propietarios y gestores y ha llevado al Parlamento a solicitar al Gobierno autonómico una paralización de la norma que todavía no se ha producido.
Lo sucedido en las Islas con la aprobación y posterior retirada -cuando se produzca- del decreto es -para Juan Franch Fluxá, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de las Islas Baleares- un "esperpento legislativo", y -según el arquitecto Hugo Luengo- "una historia desgraciada".