El Gobierno canario destinará 45 millones a dotar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante el próximo año. Esta partida permitirá atender a unas 13.000 familias, 2.000 más que este año y 6.000 más que hace dos. La Administración espera que este importe sea suficiente para afrontar las renovaciones y nuevas altas que se generen a partir de enero, sin necesidad de tener que ampliar la cuantía a medida que avancen los meses y las expectativas iniciales se demuestren insuficientes.
Este importe, reflejado en el anteproyecto de ley de presupuestos aprobado esta semana en Consejo de Gobierno, supone un incremento con respecto a ejercicios anteriores. En 2014 los hogares que accedieron a esta ayuda llegaron hasta los 7.029, a final de este año se alcanzarán los 11.000, y el próximo, los 13.000.
Durante 2014 el Gobierno se vio obligado a acometer distintas ampliaciones presupuestarias para afrontar la creciente demanda. La última todavía está pendiente. El Ejecutivo tiene previsto enviar al Parlamento una ley de ampliación del crédito extraordinario de casi 40 millones de euros, que servirá para abonar parte de la paga extra que se adeuda a los funcionarios (30 millones), cubrir las necesidades de la PCI (7,5 millones) y paliar carencias de la atención a dependientes (1,5 millones). El retraso en el visto bueno de esta ley ha dejado a muchas familias durante meses sin cobrar nada. La demora ha sido denunciada por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia, que ha solicitado en varias ocasiones que los presupuestos para 2016 sean realistas y aumenten considerablemente el dinero para este concepto. La ley de la PCI tiene por objeto conseguir la inserción social, económica y laboral de un sector de la población con especiales dificultades de integración, para lo que proporciona una ayuda básica, cuya finalidad es garantizar la cobertura de las necesidades de quienes se encuentren en situación de mayor desigualdad social.
Inserción laboral
La Consejería de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias incluirá otra novedad durante el próximo año: cruzará los datos de los beneficiarios de la PCI con los del Servicio Canario de Empleo (SCE) para asegurarse de que reciben orientación laboral. El objetivo es que quienes acceden a esta prestación reciban asesoramiento y ofertas de empleo acorde con su perfil, ya que el fin último es su incorporación al mercado de trabajo.
Incremento
La partida asignada inicialmente para la PCI en 2015 ascendió a 22 millones. A este importe inicial se suman varias aportaciones posteriores, una de ellas, de 7,5 millones, aún pendiente de ingreso. Este dinero se incluirá en la ley de crédito extraordinario que se llevará este mes al Parlamento regional. En total, el año terminará con algo más de 33 millones de euros y 11.000 familias atendidas.
Obligaciones
La unidad de convivencia que recibe la ayuda tiene que cumplir con una serie de obligaciones. Entre ellas está inscribirse como demandantes de empleo o como demandantes de mejora del que tuvieran, si tienen edad legal para trabajar, y no rechazar ofertas de empleo que garanticen la consecución de los objetivos del programa de inserción, salvo en el supuesto de que estén imposibilitados para hacerlo. Además, se debe garantizar la escolarización de los menores en edad escolar que formen parte de la unidad de convivencia.