La Ley Canaria de Educación es solo un "papel mojado" y no parece que vaya a convertirse en una verdadera hoja de ruta. Eso es lo que piensan Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que ayer denunciaron conjuntamente el "maltrato" de la enseñanza pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, al comprobar que vuelven a incumplirse los compromisos incluidos en la ley. Los sindicatos exigen que las cuentas del próximo año incluyan 244 millones, importe que serviría para cumplir el compromiso de 2016, pero también lo que no se abonó el año pasado y el último cuatrimestre de 2014, y poder llegar así a invertir el 5% del Producto Interior Bruto en el año 2022.
La norma, que fue aprobada en el Parlamento de Canarias en 2014 tras una iniciativa legislativa popular, preveía un aumento de los fondos que no se ha producido en ningún ejercicio. "Con estos presupuestos, el sistema educativo continúa en caída", lamentó el secretario general de CCOO, Carmelo Jorge, que criticó con dureza que las cuentas regionales, que crecen globalmente un 6%, solo prevean un aumento del 1% en el gasto educativo. "Somos conscientes de la situación que vive el Archipiélago, pero, incluso en este escenario, creemos que se puede hacer mejor", subrayó.
En el mismo tono se manifestó su homólogo en UGT, Gustavo Santana, que dijo que si de verdad se quisiera cumplir con la ley, el presupuesto canario registraría un aumento del 20% en el área de educación.
Para negociar mejor todo lo que afecta a la enseñanza en las Islas, los dos líderes sindicales solicitaron públicamente que la educación se incluya dentro de la mesa de concertación social promovida por el Gobierno y deje de tratarse al margen. A juicio de ambos sindicatos, la decisión de la Administración demuestra, una vez más, que la educación no es su prioridad.
José Ramón Barroso, responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO, recordó que "entre 1998 y 2010 el presupuesto educativo pasó de ser el 32% del total a ser poco más del 22%". Además, "hay otras regiones que con el mismo volumen de alumnado destinan unos 400 millones más". En un contexto así, los representantes de los trabajadores no entienden la supresión del impuesto de sucesiones ni la negativa a implantar una tasa turística. "Se podrían recaudar hasta 80 millones" que podrían ser destinados a educación, sugirió Carmelo Jorge.
Monzón pide revisar el calendario de la ley
La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, pidió ayer en el pleno del Parlamento de Canarias que se revise el calendario de la Ley Canaria de Educación. Monzón reconoció durante su comparecencia que no se ha cumplido el calendario previsto en la norma, pero aseguró que se ha mejorado muchísimo en cuestiones como atención a la diversidad, la formación del profesorado, el absentismo y el abandono escolar temprano, informa Efe.
Según Soledad Monzón, la petición de revisar el calendario de la ley no se debe a incapacidad, sino a que es preciso ajustar los tiempos. Águeda Montelongo, del grupo popular, denunció que "no se ha hecho nada" de lo previsto en la ley, de forma que se carece de planes como los de educación infantil, la conectividad de los centros educativos o el absentismo escolar. La diputada del PP planteó la necesidad de reflexionar acerca de para qué sirve aprobar leyes si luego no se hace nada.
Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, indicó que se trata de una buena ley, pero recordó que en ella se dice que la educación canaria debe financiarse con al menos el 5% del PIB canario y eso, añadió, no se cumple en el proyecto de ley de presupuestos.
La diputada de Podemos María del Río lamentó que la ley es ambigua y, tras criticar que hay masificación en algunos centros y pocos profesionales, denunció que para los alumnos con más dificultades económicas y sociales no es posible acceder a servicios complementarios.
La diputada del grupo nacionalista Dolores Alicia García opinó que se ha hecho lo que se ha podido con el presupuesto que se tenía, y así criticó que desde el Gobierno central ha dejado de llegar dinero para planes como el de infraestructuras educativas.