La nueva oficina judicial y fiscal, el proyecto que persigue modernizar y racionalizar la Administración de Justicia, se encuentra virtualmente paralizado en Canarias debido a la imposibilidad de negociar con los sindicatos las relaciones de puestos de trabajo. Esta situación de bloqueo puede acabar en 2016, puesto que los presupuestos autonómicos para ese año incorporan fondos para abonar a los trabajadores de los juzgados el complemento específico transitorio pactado en 2009 con el Gobierno regional y que postergaron la crisis y los sucesivos recortes y restricciones del gasto.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, Aarón Afonso (PSOE), precisa que las cuentas estatales para el próximo año incluyen la posibilidad de elevar hasta el 1% las retribuciones de los empleados públicos, lo que ha permitido encontrar una "fórmula" para terminar con el marasmo en que había caído esta iniciativa. "Hemos entendido que la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma puede recoger directamente el complemento específico con efectos desde el uno de enero de 2016", explica.
Una vez removido este obstáculo, la Administración convocará a los sindicatos para fijar "un calendario claro" de negociación, de manera que antes de que finalice el año próximo ya se cuente con las relaciones de puestos de trabajo (RPT), "absolutamente imprescindibles" para materializar la nueva oficina judicial y fiscal en las Islas, con la que se aspira a reorganizar los recursos, prestar servicios comunes y agilizar y modernizar la gestión.
La importancia de estas RPT reside en que el nuevo modelo contempla una "jerarquía". Los trabajadores que ostenten responsabilidades superiores deberán, por tanto, recibir salarios también superiores, lo que con la configuración actual de las plantillas es inviable.
El nuevo edificio judicial de La Laguna y la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria -donde reside la Fiscalía de la provincia oriental- acogen los proyectos piloto de nueva oficina judicial y fiscal en el Archipiélago. A estas primeras experiencias, que serán las primeras en cristalizar, seguirán las oficinas en las que vayan cerrándose los acuerdos con los representantes de los trabajadores, dado que la intención del Gobierno de Canarias es implantar el modelo de forma "progresiva" y no esperar a que hayan fraguado todas las negociaciones.
La financiación, clave del bloqueo
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, señala al Partido Popular y al Gobierno central como responsables de la parálisis en que todavía se encuentra el proyecto de nueva oficina judicial y fiscal.
Afonso recuerda que fueron los presupuestos la Comunidad Autónoma de 2011 -los últimos elaborados por José Manuel Soria, quien ejercía entonces como consejero de Hacienda y que abandonó el Ejecutivo tras presentarlos- los que suspendieron el acuerdo que se había alcanzado con los trabajadores para el cobro del complemento específico transitorio, así como otros pactos con las organizaciones sindicales. A continuación, añade, se impusieron restricciones al gasto que siguieron impidiendo que se pagaran estas cantidades.
El sistema de financiación autonómica de 2009 -impulsado por el Gobierno central, entonces en manos del PSOE, y apoyado por el canario (CC y PP)- tiene mucho que ver, según el consejero, con la falta de los recursos necesarios para la Justicia en el Archipiélago. "No ha respondido a las expectativas; es insuficiente para Canarias", dice.
Afonso confía en que el ejecutivo que salga de las elecciones generales, fijadas para el 20 de diciembre, posibilite "avanzar en un sistema que lo que pretende es que los servicios públicos esenciales se presten en homogoneidad de condiciones en todo el territorio nacional, lo que en Canarias no está sucediendo".
Esta disparidad financiera explica el desigual ritmo de implantación de las reformas judiciales entre comunidades autónomas. Algunas, como el País Vasco, han tomado la delantera. También se han dado "pasos" en las regiones en las que las competencias las continúa ejerciendo el Ministerio de Justicia.