El Gobierno del Estado reconocerá mañana a más de 100 familias que sufrieron atentados del Frente Polisario y del Mpaiac (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), tras cuarenta años "en el olvido y abandonados a su suerte", según denuncia la presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), Lucía Jiménez.
En un acto que se desarrollará en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, representantes del Ministerio del Interior entregarán las condecoraciones, encomiendas y grandes cruces a los afectados o sus familias por diferentes acciones terroristas. Se cumple así uno de los objetivos que se planteó Acavite cuando se fundó en 2006 y cuya labor ha permitido tramitar expedientes a unas 150 familias de víctimas ante el Gobierno y la Audiencia Nacional, así como aglutinar y hacer visibles los dramas de estas personas.
Lucía Jiménez manifiesta que, a día de hoy, falta que el Gobierno y el Parlamento canario muestren interés por honrar y ayudar a las víctimas canarias de atentados terroristas.
En opinión de Jiménez, ni el Parlamento ni el Ejecutivo autónomo "han hecho nada" y "no nos pueden seguir humillando".
Una de las claves de la reivindicación de Acavite pasa por que el Parlamento apruebe la Ley Canaria de Víctimas del Terrorismo, que permitiría articular la asistencia y ayudas a quienes sufrieron las acciones terroristas del Frente Polisario y del Mpaiac, así como a sus familias. Jiménez comenta que "esperamos que Fernando Clavijo, como presidente canario, y todos los partidos presentes actualmente en el Parlamento" aprueben dicha normativa. Cree que ya es hora de que todas las fuerzas políticas estén a la altura de las víctimas. Acavite recuerda que los afectados por el terrorismo en el Archipiélago "no han tenido visibilidad, reparación, ayudas ni resarcimiento". Para Jiménez, las autoridades canarias "han mirado para otro lado".
Recuerda que, en general, los atentados afectaron a familias humildes, que quedaron desestructuradas, que no han recibido ni apoyo para la inserción laboral, ni ayudas para prótesis, ni indemnizaciones; ni siquiera asistencia psicológica.
Jiménez explica que el resto de comunidades autónomas ya tiene una ley para apoyar a sus víctimas de terrorismo.
Pero Acavite va más allá y advierte de que Canarias "tiene que exigir responsabilidades y no dejar impunes o financiar a quienes cometieron tales actos terroristas". A juicio de la presidenta de dicho colectivo, "solo falta poner en la cárcel a los autores de estos delitos, para que no tengan impunidad".
Francisco Jiménez quedó ciego y sordo en el Sáhara
Francisco Jiménez, padre de Lucía, viajaba en un Land Rover junto a la cinta transportadora de la mina de Fossbucraa (El Aaiun) en enero de 1976. Otro todoterreno había sido alcanzado por un explosivo. Jiménez y el tinerfeño Raimundo López Peñalver dieron la vuelta para auxiliar a sus compañeros. Y su vehículo también fue destrozado por otra mina colocada por el Frente Polisario. Jiménez quedó ciego, sordo y lleno de esquirlas de metralla tras la explosión. Y, además, tuvo el cuerpo destrozado de Raimundo 18 horas sobre él. Un año antes, el empresario Antonio Martín, propietario de una empresa de transportes, estuvo más de siete meses secuestrado por el Frente Polisario. Miembros de este movimiento eran trabajadores suyos y lo secuestraron con un destornillador.