Alrededor de 10.000 personas siguen sin tarjeta sanitaria en Canarias. El nuevo gobierno regional prometió a principios de agosto restablecer la asistencia normalizada a los colectivos que quedaron excluidos con el real decreto 16/2012, muchos de ellos inmigrantes sin documentación. Sin embargo, tres meses después, los trámites burocráticos no han permitido hacer efectivo el compromiso.

El consejero de Sanidad, Jesús Morera, reconoció ayer que las previsiones manejadas por su equipo no han podido materializarse. "Sé que dije que esperaba que a lo sumo esta devolución se produjera en octubre y no ha podido ser". La razón, explicó, es que aún "está pendiente un trámite presupuestario que depende de la Consejería de Hacienda". Este mes, con la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, "se ha paralizado", pero la idea es que ese compromiso se haga efectivo "en breve". El departamento de Morera ha elaborado un estudio para contabilizar el número de personas que podrá solicitar la tarjeta: "Estimamos que sean entre 7.500 y 10.000, pero somos conscientes de que esa cifra puede subir".

La Consejería de Sanidad, para intentar sortear el decreto, impulsó hace años un programa para garantizar la cobertura de estas personas. La medida, sin embargo, no tuvo mucho éxito porque los requisitos eran de difícil cumplimiento. En enero de este año, de las 48.700 personas a las que Sanidad retiró la tarjeta, solo 599 habían solicitado acogerse a la iniciativa canaria, es decir, poco más de un 1% de los supuestos beneficiarios. No obstante, esta cifra no era real, según la consejera de Sanidad de entonces, Brígida Mendoza, que dijo que muchas de esas personas ya no residían en el Archipiélago.

En cualquier caso, el Servicio Canario de Salud ha insistido siempre en que en las Islas no se ha dejado de atender a los pacientes con urgencias por enfermedades graves o accidentes, además de a las mujeres embarazadas, a los menores de 18 años y a víctimas de trata de seres humanos.

Otro de los motivos del retraso en la norma que garantice este derecho es que Sanidad quiere preparar una norma "perfecta". Esta misma semana el Tribunal Constitucional suspendió la ley valenciana. "Haremos una norma similar a la vasca y la navarra", apuntó Morera. En ambos casos, el TC acabó cancelando la suspensión cautelar inicial, aunque aún están pendientes las sentencias.