El Gobierno central debe al canario 93 millones en concepto de políticas activas de empleo. La partida fue aprobada en abril de este año y a menos de dos meses de que finalice el año todavía no se ha hecho efectivo el reparto de fondos entre las comunidades autónomas.
Así lo denunció ayer la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Patricia Hernández, que explicó que su Consejería ha adelantado la mitad de ese dinero para poder garantizar la oferta de cursos, pero que es imposible afrontar el resto si el Estado no cumple sus compromisos. Además, se da la circunstancia de que si el Gobierno canario no invierte ese dinero durante este año tendrá que devolverlo al Estado. "Es vergonzoso, están jugando con los canarios, que necesitan esos cursos", criticó Hernández con dureza.
A esa inexplicable tardanza se suma la desaparición del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), eliminado hace años de las transferencias del Estado a las Islas. "No podemos adelantarlo todo. Esto no tiene nombre", dijo Hernández, que acusó a la Administración del PP de retrasar el abono para evitar que se ejecute y se tenga que devolver.
"Exigimos que llegue ya el dinero porque si no es imposible ejecutar los fondos en un mes. Quizás lo que busquen es que luego los tengamos que devolver", explicó.
Patricia Hernández considera que este retraso es "una artimaña más de aquellos que no quieren que llegue el dinero a los desempleados" y recordó que a esto "se le suman el resto de recortes". "Es increíble que estén jugando con el dinero de los desempleados, un dinero que va a la formación, a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, de los desempleados de larga duración, de los mayores de 45 años".