La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha llegado a un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Canarias para ceder 50 viviendas que serán destinadas a alquiler social. El convenio de colaboración fue firmado ayer por la vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, y el director general de Desarrollo Corporativo y Asuntos Legales del denominado popularmente "banco malo", Óscar García Maceiras. Según el convenio, el Gobierno regional se encargará de la gestión de los inmuebles cedidos durante cinco años, a través de la empresa Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias). La renta se ajustará al nivel de ingresos de los inquilinos.

Así, si cobran menos del salario mínimo interprofesional, el importe de la renta estará por debajo del 12% de los ingresos de la unidad familiar de los futuros inquilinos. Para el resto, no superará el 30% de los ingresos actuales.

Los gastos de seguros, comunidad, tasas y tributos y adecuación de las viviendas para su uso, entre otros, corresponderán a Sareb, mientras que el Gobierno canario asumirá todos los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario.

La administración regional seleccionará a los usuarios y firmará con ellos el contrato de arrendamiento. "Nuestro objetivo es contribuir a la mejora de la situación de familias afectadas por la crisis y apoyar con esta cesión al Gobierno canario que es quien tiene competencias en esta materia", explicó Óscar García Maceiras.

Sareb ha duplicado las viviendas a disposición de comunidades autónomas y grandes ayuntamientos para que faciliten alquileres a precios asequibles, que ya ascienden a 4.000. Hasta la fecha, más de 5.500 personas se han beneficiado de los planes de cesión de vivienda para alquiler asequible que ha acordado Sareb con Cataluña, Aragón, Galicia, País Vasco, Baleares y Castilla-León.

El contrato de cesión entre Sareb y Visocan tendrá una duración de cinco años. Las viviendas vacías propuestas para su cesión, que pueden ser libres o sujetas a algún régimen de protección pública, deberán disponer de cédula de habitabilidad.