El Gobierno de Canarias explicará los criterios de reparto de los fondos del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE) a empresarios y sindicatos en la reunión del Consejo Asesor del presidente de la próxima semana.
A la salida de una reunión para sentar las bases de la concertación social, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Patricia Hernández, ha dicho que aún se está "trabajando" en la fórmula final, aunque ha dejado claro que el acuerdo de este lunes garantiza que esos fondos no se devuelven al Estado y se incorporan a los presupuestos autonómicos de 2016.
El secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, apoya que ese dinero atienda a las necesidades de cada isla y el paro, y ha dicho que el presidente "ha dado garantías" de que los 160 millones se van a poder invertir en el presupuesto de 2016.
Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha señalado que el dinero debe ser asignado con la prioridad de generar empleo y protección social, aunque no comparte que se use la triple paridad ni que haya "líneas aritméticas".
En su opinión, "lo importante es que se asignen los fondos" y no tanto el debate de instituciones e islas que "no responden a los intereses de los ciudadanos sino a colectivos concretos".
Gustavo Santana, de UGT, ha explicado que en el reparto del IGTE se va a estudiar la singularidad territorial de cada isla, pero espera que una parte se destine a la sostenibilidad de los servicios esenciales.
BASES DE LA CONCERTACIÓN SOCIAL
Además, Gobierno de Canarias, sindicatos y empresarios han acordado que la concertación social priorice la protección social y el empleo, la sostenibilidad de los servicios públicos y la participación institucional.
Patricia Hernández ha remarcado que el Ejecutivo quiere hacer las cosas "con los trabajadores", y para ello, se han creado tres mesas de trabajo que se iniciarán a final de año con la de participación institucional.
Pedro Alfonso ha destacado que se ha abierto una línea de trabajo "muy cordial y abierta", y ha abogado por incluir en la concertación las políticas de activas de empleo y los problemas asociados al riesgo social.
Para Carmelo Jorge, la prioridad absoluta es "atender a las unidades familiares que no tienen ingresos" y la sostenibilidad de los servicios públicos, para que se recupere el gasto público en esta Legislatura y participación institucional para regular la concertación, aspecto en el que ha coincidido con Santana.