El sindicato de educación pública en Canarias ANPE ha pedido hoy que la Consejería de Educación tramite el certificado de antecedentes penales que tendrán que presentar todos los profesores a partir del próximo año en cumplimiento con la ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
Todos los docentes en activo estarán obligados a presentar para participar en todos los procesos selectivos de acceso a la función pública docente una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales.
El sindicato educativo considera en un comunicado que la administración debe liderar este proceso y encargarse de cotejar los datos de los docentes.
ANPE está de acuerdo con que se exija un certificado que avale que el trabajador no ha sido condenado por delitos contra la libertad sexual, tal como contempla la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Sin embargo, el sindicato cree que debe ser la Consejería quien se encargue de tramitar los certificados de los docentes funcionarios e interinos.
Según la ley, tendrán la obligación de acreditar esta certificación cerca de 30.000 profesionales, entre ellos, más de 21.000 docentes.
También tiene que hacerlo el personal que preste servicios complementarios de transporte, comedor y que realice actividades extraescolares o fuera del horario lectivo.
El sindicato recuerda que las administraciones educativas deberán solicitar a todas las personas con las que mantengan una relación estatutaria o laboral y que estén ejerciendo profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores que aporten una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
Si fueran de origen extranjero o tuvieran otra nacionalidad, además deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado de acuerdo con los convenios internacionales existentes.