La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, afirmó ayer que el pago a los alrededor de 3.500 isleños que esperan por la prestación canaria de inserción (PCI) se realizará "en unas semanas", aunque admitió que no puede aportar aún una fecha concreta.

Hernández hizo estas declaraciones tras mantener un encuentro con la editora y directora de EL DÍA, Mercedes Rodríguez. Según la vicepresidenta, "todo está preparado" para proceder al abono de estas cantidades, que su departamento podrá ejecutar mediante un anticipo de tesorería mientras la Ley de Crédito Extraordinario aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno recibe el visto bueno definitivo del Parlamento autonómico.

"El próximo año no volverá a pasar", anunció Patricia Hernández, quien recordó que las partidas destinadas a esta prestación -dirigida a facilitar a las personas en situación de mayor desigualdad social el acceso a niveles de vida aceptables- pasarán de 24 millones de euros a 56 en los presupuestos de 2016. Cabe recordar que la consignación de este año se ha agotado ya dos veces.

La vicepresidenta se refirió también a la reciente transferencia a la Comunidad Autónoma de los 96 millones de euros para empleo que el Estado debía haber ingresado desde el mes de abril. "Es una vergüenza", sentenció. En poco más de un mes -el tiempo que queda para que finalice el año-, deberán estar concretados los planes en coordinación con los ayuntamientos. Esta premura ha obligado a comenzar el proceso con los siete municipios del Archipiélago con más desempleados: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde, Santa Lucía de Tirajana, Arona y Arrecife. "Estamos trabajando full time y los empleados públicos le están echando muchas horas", manifestó la consejera.

No obstante, Patricia Hernández advirtió de que estas cantidades -96 millones de euros- hay que invertirlas con "rigor y eficacia en la gestión". "Y esto es lo que no se logra cuando los fondos se transfieren a mediados de noviembre".

Preguntada por las quejas de los beneficiarios de las ayudas a la compra de vivienda usada, la vicepresidenta anunció que los pagos se realizarán este año y el próximo, al tiempo que explicó el retraso en desbloquear el problema por la necesidad de acometer otros también relacionados con la vivienda, como el programa de Hipoteca Joven.

Hernández aludió también al acuerdo suscrito el lunes por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el que se materializa la condonación a la Comunidad Autónoma de la compensación que ingresaba al Estado por el extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). "Es un buen acuerdo que llega en el tiempo de descuento", resumió la dirigente socialista, que recordó que ya un gobierno de su partido -el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero- rebajó un 50% las cantidades que pagaba el Ejecutivo regional por este concepto.

El Gobierno diseña el baremo de la vivienda

Además del criterio de la renta familiar, el Gobierno de Canarias está considerando establecer en el futuro decreto de adjudicación de viviendas del parque público otros posibles baremos, como haber sido víctima de violencia machista, ser discapacitado o tener familia numerosa.

Así lo detalló ayer la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional, Patricia Hernández, tras reunirse con la mesa de trabajo que se ha organizado con el fin de abordar la elaboración del decreto de adjudicación de viviendas de parque público por puntos.

La vicepresidenta, en declaraciones a los medios de comunicación, señaló que "hay que dejar a la suerte lo que es de la suerte", en alusión a que actualmente se adjudican las viviendas públicas por sorteo, lo que a su juicio genera situaciones "sangrantes" de injusticia.

El objetivo de la mesa de trabajo reunida ayer es diseñar los criterios de baremación que se establezcan en el futuro decreto de adjudicación de viviendas del parque público, de tal forma que se otorgue al proceso de adjudicación una mayor transparencia.

"Hemos establecido métodos de trabajo para fijar baremos que pretendemos que sean transparentes y justos y que la sociedad se vea reflejada en ellos", aseguró la consejera, quien avanzó que cuando los trabajos estén más avanzados se tendrán que sumar los sectores más implicados, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Según la vicepresidenta, en Canarias hay 15.000 demandantes de vivienda pública, aunque podría haber más personas que, pese a no estar registradas, cumplieran las condiciones al acceso de una vivienda pública.

La vicepresidenta, que ya había anunciando el pasado mes de septiembre en comisión parlamentaria que el Ejecutivo va a suprimir los sorteos para acceder a una vivienda pública, reconoció que se había "escandalizado bastante" cuando vio por la televisión que al lado de una persona que celebraba que le había tocado el sorteo de una vivienda había otra con más necesidad. "Esta situación es sangrante", dijo.