El debate sobre la necesidad de reformar el sistema electoral que rige en Canarias ha rebrotado con una fuerza que hace prever que en esta ocasión sí pueda materializarse tras sucesivos amagos que no llegaron a nada. La Universidad de La Laguna (ULL) está dispuesta a hacer su aportación y ha encargado a un grupo de docentes una "reflexión" sobre este asunto. El encargado de coordinarlos es el profesor de Ciencia Política y de la Administración José Adrián García Rojas, quien ayer reconoció que es "el momento de ayudar" a la sociedad y los responsables públicos a afrontar un proceso que, en el clima político actual, parece inevitable.

Los especialistas -Juan Hernández Bravo de Laguna, Fernando Ríos Rull y Alberto Báez- expondrán el análisis que han realizado en una jornada que se celebrará el próximo viernes en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y a la que asistirá Carolina Darias, presidenta del Parlamento regional, institución que ha financiado la iniciativa, enmarcada en el programa ULL Opina.

El trabajo desarrollado por los profesores podrá ser enriquecido con las sugerencia que los ciudadanos formulen en la web www.ull.es/opina, y luego cristalizarán en una publicación que será entregada a los diputados y grupos político. El resultado será, advirtió el rector, Antonio Martinón, una opinión "académica y técnica" y no la posición institucional de la Universidad.

García Rojas abundó en esta precisión y advirtió de que, "probablemente", ninguno de los docentes que forman el grupo tenga la misma idea sobre los cambios concretos que deba -o no- experimentar el sistema. "Lo que tenemos que hacer es ayudar a que se reflexione. Son los diputados los que deben tomar las decisiones", puntualizó.

Igualmente, descartó que la labor que acometen sea de carácter "ético". Su propósito es, aclaró, estudiar la proporcionalidad del modelo actual, el aspecto que más se le discute, y no sin razón, porque, según el coordinador del equipo, se trata del "más desproporcionado" de los sistemas electorales regionales.

Los equilibrios entre territorios que consagra la norma vigente explican que elegir un diputado en Tenerife o Gran Canaria exija hasta 17 veces más votos que en una isla periférica, al tiempo que las barreras electorales impiden que partidos con más de 50.000 apoyos entren en la Cámara.

Pese a ello, el sistema también ha arrojado resultados positivos: ha "producido gobiernos", facilitado "cierta estabilidad" y colaborado a implicar a las islas periféricas en el proyecto autonómico. En este sentido, el rector añadió que "la cercanía del Parlamento con los ciudadanos también debe tenerse en cuenta".

"Lo que se percibe aquí de una forma se ve de otra en las islas periféricas, donde los partidos tienen una posición casi monolítica", aseguró García Rojas, como aviso sobre la dificultad del proceso.