Poco dinero para dar cobertura a tantas familias y pocos profesionales para gestionar el aluvión de demandas que llega a los ayuntamientos. Los problemas que arrastra la prestación canaria de inserción (PCI) no se resuelven solo elevando el presupuesto para atender a más familias; también es necesario que la burocracia y la falta de personal no eternicen la llegada de esta ayuda de emergencia. Según la Consejería de Políticas Sociales, los municipios tardan una media de 226 días en dar respuesta a las solicitudes de la PCI. Este tiempo se acorta a 76 días si solo se contabilizan las demandas de ese año, lo que da una idea del retraso acumulado.

Los consistorios no esconden esta realidad. Alcaldes y concejales han tenido que vivir en primera persona el drama de muchos vecinos que durante los últimos años han visto cómo su situación se volvía dramática y acudían a sus despachos implorando ayuda. El presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Tegueste, José Manuel Molina, sostiene que las dificultades para prestar ayuda en tiempo y forma se derivan del recorte iniciado en 2013. "En 2012 contábamos con 4,5 millones para contratar personal, pero a partir de entonces esa partida se rebajó a 3 millones". Un documento interno de la Fecam sobre la situación del Plan Canario de Inserción 2013-15 alerta de que el aumento exponencial de la demanda como consecuencia de la crisis está "desbordando" los servicios sociales municipales y que, por ese motivo, los consistorios han solicitado en numerosas ocasiones que el Gobierno dote a los ayuntamientos de un "fondo acorde con las necesidades actuales" y que los programas enmarcados en este ámbito dispongan de una cofinanciación estable para afrontar este escenario.

En 2008 había 172 trabajadores desempeñando estas funciones en los ayuntamientos, 15 menos que el mínimo necesario para garantizar entonces la cobertura. Las leyes de presupuestos aprobadas en 2013, 2014 y 2015 redujeron la dotación a tres millones. "El anteproyecto de presupuestos para 2016 contempla la misma cantidad. Hemos pedido al Gobierno que lo modifique, pero no confiamos mucho en ello", lamenta Molina.

las claves

3 millones. Desde 2013 se destinan solo 3 millones a apoyar la Ley Canaria de Inserción, es decir, a contratar personal. Los ayuntamientos piden más.

Más fondos. Los municipios insisten en que el dinero presupuestado para 2016 seguirá siendo insuficiente para cubrir las necesidades de miles de familias.

Pierden 60 empleados en tres años

El informe interno elaborado por la Fecam cifra en 60 trabajadores menos el descenso de personal ocasionado desde 2013 por el recorte de los fondos destinados a apoyar la Ley Canaria de Inserción. Estas partidas han descendido el 34,56% en los últimos tres años.

En todo momento, en las negociaciones entre la Fecam y el Gobierno de Canarias ha prevalecido la premisa de que a cada municipio le debe corresponder, como mínimo, un profesional. Sin embargo, la Fecam considera que el rumbo tomado por el Ejecutivo ha hecho inviable mantener la financiación anual por trabajador, fijada en 26.592 euros. Los fondos del Gobierno regional permiten destinar solo 20.000 euros por empleado, con lo que, para que el ayuntamiento pueda mantener a cada trabajador, tiene que financiar los 6.593 euros restantes o reducir la jornada laboral.

El presidente de la comisión de la Fecam encargada de estos asuntos, José Manuel Medina, no solo es crítico con lo que ya ha ocurrido, sino que advierte de que los fondos presupuestados para 2016, que se sitúan en 45 millones, tampoco cubrirán las necesidades reales.

Si se comparan los recursos con los de otra comunidad como País Vasco, que tiene la misma población, no está tan afectada por la crisis y destina a su renta de garantía de ingresos unos 460 millones, parece que los augurios están fundamentados.