Canarias tiene 27.000 viviendas de protección oficial, 5.000 pertenecen a Visocan y 22.000 al Instituto Canario de Vivienda. Esa cifra sería mucho mayor si se incluyeran todos los inmuebles que en algún momento han sido de la Administración y que luego han pasado a ser propiedad de sus inquilinos. En ese caso la cifra ascendería a 45.000 viviendas. Ese volumen no aumentará en el futuro inmediato. El Gobierno de Canarias ha decidido cambiar radicalmente su política, basada en incentivar la compra venta a partir de diferentes líneas de ayuda, y apostará por el alquiler social.
Así lo explicó el director general de Vivienda, José Gregorio Pérez, que considera que esta fórmula es más justa. Este sistema permite afrontar la movilidad de los inquilinos y los cambios de necesidades de los usuarios, cuya situación económica varía a lo largo del tiempo. Además, a este nueva filosofía se une la certeza de que en el Archipiélago "hay muchas más viviendas de las que se "necesitan", explica el director. En ese contexto, el responsable se hace una pregunta: "¿Por qué hacer un esfuerzo colectivo para que alguien se convierta en propietario de una vivienda mientras estamos dejando a una persona sin acceder a ninguna? Durante años hemos incentivado la compra, con cuantías económicas potentísimas, pero se ha llegado a un número reducido de familias. A lo mejor con esos mismos recursos, incentivando el alquiler, habríamos conseguido llegar a más familias y, además, haber intervenido, desde mi punto de vista, con mayor justicia", afirma.
Estos dos puntos de partida, que hay más casas de las necesarias y que el alquiler garantiza la equidad, han motivado el futuro plan de acción de la Consejería de Vivienda. Por un lado, se ha firmado un convenio con la Sareb, con un primer paquete de 50 viviendas que se prevé aumentar significativamente, y, por otro, se está intentando usar ese convenio como modelo para llegar a acuerdos con las instituciones financieras y poder usar su "stock" de vivienda.
"Además, estamos en contacto con grandes tenedores privados de vivienda. En vez de construir, estamos acudiendo a las viviendas que ya están hechas. No se debe abandonar totalmente la construcción, pero sí entendemos que el mayor esfuerzo tiene que estar en aprovechar las casas que ya están construidas". De esta manera, "intervenimos con la puesta en uso de una riqueza que en muchos casos hemos pagado entre todos, y lo podemos hacer de manera rápida".
"No hay una foto homogénea de los promotores de vivienda, pero sí una foto homogénea de la intención: tenemos vivienda vacía y nos está suponiendo un coste. Con eso jugamos nosotros como herramienta de negociación, el saber que la vivienda vacía al promotor o tenedor le supone un coste", detalla José Gregorio Pérez.
Censo
El Gobierno reconoce que tiene que trabajar para mejorar la gestión del parque público de vivienda. "Ese famoso mito de las viviendas vacías que tiene el Gobierno tiene parte de verdad, pero tiene su explicación. No es lo mismo viviendas vacías, viviendas desocupadas y vivienda disponible. Hay viviendas que pueden estar vacías y es circunstancial. Puede estar autorizado por el Instituto de Vivienda. Por ejemplo, en casos de violencia de género se pide abandono del hogar y se concede de forma automática. También se permite solicitarlo por desplazamiento de una isla a otra para trabajar", enumera el responsable. "Además, también hay viviendas que están desocupadas pero no disponibles, porque la vivienda ya no es del instituto. Es decir, está disponible, pero no es nuestra. De ahí viene esa gran sensación colectiva de que hay muchísimas viviendas vacías". El Ejecutivo prepara un censo.
Recuperación de casas
José Gregorio Pérez admite que a veces también tardan más tiempo del deseable en reformar las viviendas que se recuperan antes de volver a entregarlas. El motivo es burocrático y económico. "Intentamos hacerlo lo más rápido posible, pero aquí hay margen de mejora. Los procedimientos legales de recuperación son lentos y en ese intervalo haya riesgo de ocupaciones ilegales, de deterioro de la vivienda, con lo cual luego se dificulta su readjudicación, porque tienes que acondicionar la casa antes de adjudicarla, y no siempre tienes los recursos económicos para hacerlo. El mito es más pequeño de lo que nos gustaría, porque si fueran tantas podríamos acelerar el proceso de recuperación y de adjudicación, pero podemos mejorar".