El ex jefe de Carreteras del Gobierno de Canarias José María Maya Cáceres ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber recibido comisiones, por importe de 57.024 euros, por parte de la empresa Fitonovo, situada en el epicentro de la red de corrupción desarticulada con el ''caso Madeja'', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

José María Maya Cáceres ha comparecido este lunes en calidad de imputado ante el magistrado que investiga a la red, que pagó 4,3 millones de euros en sobornos entre 1995 y 2013 para hacerse con adjudicaciones en 14 administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Sevilla.

En su comparecencia, el ingeniero ha afirmado que no tenía poder de decisión y que ni siquiera informaba respecto a los contratos concedidos a Fitonovo que son objeto de la investigación. En concreto, el juez investiga si los directivos de esta compañía le hicieron llegar, a través del apoderado de la empresa Adolfo de la Torre, comisiones por valor de 57.024 euros entre 2003 y 2011.

El pago más importante que habría recibido el acusado data del 12 de febrero de 2004, cuando recibió 53.000 euros por su actuación en la adjudicación o ejecución de contratos públicos a favor de Fitonovo, según la documentación intervenida en la ''caja B'' de esta sociedad y el recibo de dinero de dicha caja firmado por Adolfo de la Torre.

Así lo hizo constar el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el auto que dictó el pasado 8 de septiembre cuando asumió el ''caso Madeja'' después de que la antigua titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla Mercedes Alaya se inhibiera de la causa. En total, están imputadas 96 personas.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La red estaba encabezada por el director de Fitonovo hasta 2011, Rafael González Palomo; su hijo, José Antonio González Baró, que asumió el cargo a partir de esa fecha; el adjunto de ambos, Ángel Manuel Macedo; y el director comercial Juan Andrés Brugueras.

Los cuatro constituyeron "una organización criminal" dedicada a conseguir adjudicaciones a cambio del reparto de "dádivas" en forma de dinero y regalos como móviles, caballos, ordenadores, coches, viajes o la reforma de viviendas, según el juez.

Entre los cargos públicos imputados se encuentran varios antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de Izquierda Unida (IU) Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido 155.000 euros para la formación --70.000 de ellos en una caja de zapatos-- a cambio de la instalación de césped artificial en once campos de fútbol en la ciudad. También están imputados los exportavoces municipales de la coalición en la ciudad Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García.

También se investiga al exconcejal de Vía Pública de la capital hispalense Manuel Gómez Lobo (PSOE), que pidió como compensación a una adjudicación la remodelación de la sede del partido en el distrito de La Macarena; a los exalcaldes de Algeciras (Cádiz) Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez, también socialistas, y al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez Martínez (PP).

Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Los hechos serían constitutivos indiciariamente de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".