La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, volvió a reivindicar ayer un uso más social de una parte de los fondos derivados de la condonación del Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE). Según explicó, la literatura académica demuestra que la inversión en infraestructuras sociosanitarias tiene un efecto directo sobre la generación de empleo a corto y largo plazo, lo que hace interesante incluir esta opción en el reparto de estos fondos.

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda no comparte la visión del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, que recientemente manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el 10% del IGTE se destine a este tipo de infraestructuras, tal como propusieron Hernández y las consejeras de las áreas sociales de todos los cabildos al término de un encuentro celebrado esta misma semana. "En Canarias faltan más de 4.000 plazas para personas que no pueden valerse por sí mismas. La Ley de Dependencia es una ley: hay que cumplirla", subrayó.

Por ello, y porque el Ejecutivo se ha "comprometido" a escuchar a todos los colectivos, la vicepresidenta reiteró que una parte de esta partida podría invertirse en Dependencia. A su juicio, es interesante valorar proyectos que permiten el desarrollo económico de la región, den respuesta a una necesidad de la sociedad actual y futura y, por último, vayan en sintonía con la legislación nacional.

La vicepresidenta del Gobierno insistió a este periódico en que su esfuerzo para que parte de los fondos reviertan en las áreas más sociales tiene un argumento económico. "Un informe de la Fundación Alternativas calcula que la Dependencia puede generar 650.000 empleos en tres años en España".

A este "convencimiento" se une "la unanimidad" de las consejeras de las áreas sociales de los cabildos, con quien Hernández se reunió "a petición de la Federación Canaria de Islas" (Fecai). "Si decimos que hay que escuchar a los cabildos tendremos que hacerlo", planteó. Además, "el impulso de estas infraestructuras cuadra con la filosofía del IGTE".

Por último, la vicepresidenta dijo que también Coalición Canaria, a través de su candidata al Congreso, Ana Oramas, ha reiterado la urgencia de cumplir con la Ley de Dependencia al tiempo que se genera empleo, algo que, a juicio de Hernández, puede favorecerse con los fondos del IGTE.

NC pide que el 50% vaya a servicios básicos

El presidente de Nuevas Canarias (NC), Román Rodríguez, pidió ayer al Gobierno regional que destine el 50% de los recursos precedentes del IGTE a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, según manifestó en rueda de prensa difundida por la agencia Efe.

"Hacemos la siguiente distribución: el 50% de esos recursos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, porque si, como dice el presidente canario, Fernando Clavijo, esto son recursos de la financiación autonómica, esta esencialmente se ocupa de esto", comentó. El 50% restante, según el partido, "debería ir a un plan de inversiones de obra pública proyectada, programada y paralizada, en especial en las áreas sanitarias, educativa, sociosanitaria y de carreteras".

El cálculo elaborado por NC implicaría que de los 193,75 millones de euros provenientes de la condonación de este impuesto, 55 millones irían a Sanidad (el 29% de los recursos); 31 millones a Educación (16%), cinco millones a la Prestación Canaria de Inserción (2,6%), tres millones a la atención de personas en situación de dependencia (1,5%), un millón a la lucha contra la violencia de género (0,52%), y dos millones al aumento de la cofinanciación canaria del Posei-Ayudas del Estado (1%).

Mientras, los restantes 96,75 millones de euros -el otro 50%- se dedicaría, por un lado, a fortalecer las inversiones (91,75 millones) y, por otro, a incrementar el crédito con cinco millones para un Plan de Empleo Social realizado en colaboración con las corporaciones locales.

El presidente de NC presentó, en la misma rueda de prensa, 97 enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos canarios para 2016 con las que se podrían tributar entre 150 y 165 millones de euros "adicionales" si los servicios públicos y los ciudadanos fueran prioridad del Gobierno.