El Comité de Inversiones del Gobierno de Canarias ha decidido hoy proponer el reconocimiento como proyectos estratégicos para la comunidad autónoma de 19 parques eólicos en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, lo que en la práctica reduciría a la mitad todos sus plazos de tramitación.

Este órgano de asesoramiento del presidente de la comunidad autónoma eleva esta propuesta al Consejo de Gobierno, al que corresponde en última instancia otorgar esa declaración.

En Gran Canaria, se propone esa calificación para los parques de Llanos de Botija I y II, en Gáldar; Concasur 2 y Montaña de Arinaga, en Agüimes; y Santa Lucía del Mar, en Santa Lucía de Tirajana, según ha informado el Ejecutivo canario, en un comunicado.

En Tenerife, son siete los parques que pueden beneficiarse de esa figura: Tagoro Risco Blanco, en la Victoria de Acentejo, y La Manteca, Laja Blanca, Hoya de Lucas, Lomo La Jaca, Bermejo y Vera de Abote", en Arico.

En el caso de Fuerteventura, los tres parques propuestos como proyectos estratégicos se encuentran en Puerto del Rosario: Solana de Tesjuate, Piedra de Sal I y La Sal II.

Finalmente, se recomienda una tramitación abreviada en Lanzarote para los parques de Teguise, Arrecife, San Bartolomé y Punta de los Vientos (también en Teguise).

Si esta propuesta del Comité de Inversiones es avalada por el Consejo de Gobierno, estos proyectos se beneficiarán de las previsiones que dispone la Ley canaria sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas de 2015.

Así, pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier administración publica canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.

La ley también establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.

Igualmente, se reducen a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida.

De igual manera ocurrirá con los plazos establecidos para los procedimientos medioambientales, recuerda el Gobierno.