El Gobierno de Canarias firmará hoy la orden por la que devuelve la asistencia sanitaria en todos los niveles a los inmigrantes que quedaron excluidos hace tres años de esta prestación por una decisión del Ejecutivo central, ha anunciado esta mañana su consejero de Sanidad, Jesús Morera (PSOE).

En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Canarias, Morera ha estimado que entre 7.500 y 10.000 inmigrantes irregulares se beneficiarán de esta medida, que vuelve a establecer la cobertura universal de la sanidad pública en la comunidad autónoma.

En las próximas horas, Sanidad dará instrucciones a las gerencias de Atención Primaria y a los centros de salud para que atiendan las solicitudes de tarjeta sanitaria de los inmigrantes, de forma que la prestación sea efectiva en las próximas semanas.

Morera ha lamentado que el compromiso que asumió en agosto para reponer la asistencia sanitaria a los inmigrantes "haya tardado más de lo deseado", pero ha indicado que la orden cumple con todos los trámites requeridos para garantizar su legalidad.

El consejero ha defendido que se trata de una medida "de justicia, de humanidad y de salud pública" y no ha querido precisar el coste económico que supondrá porque, en su opinión, lo importante "no es lo que va a costar, sino lo que se va ahorrar".

Según Morera, tras esta decisión, los inmigrantes tendrán la asistencia sanitaria que necesiten, incluida la prestación farmacéutica, que al igual que la mayoría de los ciudadanos les cubrirá el 40 por ciento del precio de los medicamentos.

Sobre los casos denunciados ayer por varias organizaciones no gubernamentales respecto a las facturas libradas a inmigrantes por la prestación sanitaria, el consejero ha indicado que en el caso de la mujer mauritana a la que le piden 16.000 euros por un parto y la posterior hospitalización de su bebé debió tratarse de un error, ya que esta prestación no estaba afectada por el recorte de derechos sanitarios que aprobó el Gobierno central en 2012.

Respecto a otros casos, el consejero ha señalado que la orden del 15 de agosto, por la que se acordó iniciar el proceso para devolver la prestación sanitaria, no tiene un carácter retroactivo en el pago de las facturas anteriores a esa fecha.