El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado a la Fiscalía que suspenda la investigación disciplinaria que ha abierto sobre la candidata de Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell, para averiguar si cumplió sus obligaciones como juez en un proceso que instruía.

En concreto, la Fiscalía de Las Palmas investiga si Rosell eludió su deber legal de apartarse de un procedimiento por delitos de fraude fiscal y a la Seguridad Social que instruía en su Juzgado a sabiendas de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, estaba en negociaciones con el principal imputado, el empresario Miguel Ángel Ramírez, para alquilarle por 300.000 euros una frecuencia de radio.

Rosell ha solicitado la nulidad de todas esas diligencias, no solo porque entiende que no ha cometido irregularidad alguna, sino porque además cuestiona que la Fiscalía tenga competencias disciplinarias sobre un juez (cuyo desempeño profesional corresponde valorar al Consejo General del Poder Judicial) y porque duda de la imparcialidad de los fiscales que se ocupan del caso, por enemistad.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC atiende ahora las medidas cautelares que ha solicitado la candidata de Podemos en un recurso urgente de protección de los derechos fundamentales y deja en suspenso esas diligencias abiertas por la Fiscalía.

La exportavoz de Jueces para la Democracia denunciaba que se estaba vulnerando su derecho de defensa, porque no se le ha dado traslado de las diligencias en cuestión, y también su derecho a participar en unas elecciones "en condiciones de igualdad".

El TSJC atiende esos argumentos y reconoce que "sin duda" existen "razones de especial urgencia para dictar esta medida cautelar", dado que Victoria Rosell "es candidata y, por lo tanto, participa directamente en la campaña electoral que finalizará el día 18".

Además, subraya que la propia Fiscalía de Las Palmas ha precisado en una nota de prensa que hizo pública hace días que sus investigaciones sobre la candidata de Podemos tienen carácter disciplinario, no penal, por lo que se trata de "un acto administrativo" que la Sala tiene competencias para suspender.

El tribunal da tres días al Ministerio Fiscal para que presente las alegaciones que considere oportunas ante su decisión.

Rosell está en excedencia desde el 22 de octubre. La Fiscalía de Las Palmas quiere averiguar si antes de esa fecha estaba al tanto, o no, de las negociaciones que la Unión Deportiva Las Palmas, presidida por Miguel Ángel Ramírez, mantenía con su pareja, el periodista Carlos Sosa, para poder utilizar su frecuencia de radio, negociaciones que dieron lugar a un contrato firmado el 28 de octubre.

No es la primera vez que la Fiscalía se queja de la actuación de Rosell en la instrucción de ese caso. Hace unos meses, la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, elevó una queja contra ella al CGPJ para acusarla de estar retrasando intencionadamente la instrucción, pero el órgano de gobierno la archivó en septiembre, por no ver fundamento para esos reproches.

En el expediente que se abrió para resolver esa queja, Rosell acusó a su vez a la fiscal Ríos de no comportarse con imparcialidad en ese caso de fraude a Hacienda y de haber sido ella la que ha provocado, con su comportamiento, el retraso que acumula la causa.