El Gobierno de Canarias buscará una fórmula equilibrada para "evitar las puertas giratorias" entre administraciones y empresas y, al mismo tiempo, no impedir el acceso al Ejecutivo y otros organismos de la Comunidad Autónoma de "profesionales de reconocido prestigio". Lo hará a través del estatuto de altos cargos, que ayer acordó empezar a tramitar el Ejecutivo a propuesta del consejero de Presidencia, Aarón Afonso, y que es el primer anteproyecto de ley que echa a andar en esta legislatura.

El proceso de elaboración de la ley se extenderá, previsiblemente, durante todo el próximo año. Los detalles de la norma -qué limitaciones concretas se impondrán a los gestores públicos durante el ejercicio de su cargo y los dos años posteriores al cese, en qué casos se producirá un conflicto de intereses o una incompatibilidad, qué requisitos debe reunir un alto cargo para ejercer sus competencias- están aún por definir, dado que el proyecto se encuentra en un estado muy "embrionario", precisó Afonso.

El consejero compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno en que se acordó poner en marcha la tramitación del anteproyecto de ley y se mostró muy cauteloso respecto a los contenidos de la futura norma, que está "abierta a las aportaciones que hagan las demás consejerías". Preguntado por las "líneas rojas" que marquen la idoneidad u honorabilidad del aspirante a ocupar un puesto de alta responsabilidad, contestó que serán las que establezcan "las distintas formaciones políticas", y, aunque dejó claro que en ningún caso se admitirá a condenados o inhabilitados por la Justicia, no reveló si finalmente se vetará a los imputados.

Esta iniciativa legislativa persigue salvar el "distanciamiento de la ciudadanía respecto a la política", que se ha acentuado en los últimos años. Busca, asimismo, "clarificar" el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, que actualmente solo está recogido de manera "muy somera" en la ley de 1997, lo que da lugar a "dudas de interpretación". Esta demanda de una mayor claridad y detalle no proviene únicamente de los ciudadanos, dijo Aarón Afonso, sino también de los propios profesionales a los que se les propone "estar al frente de las áreas del Gobierno".

El estatuto incluirá un régimen sancionador en caso de incumplimiento que puede terminar con la destitución del alto cargo. La apertura de un expediente de sanción será propuesta por la oficina de intereses de los altos cargos, un organismo previsto en la iniciativa legislativa que se encargará de supervisar el cumplimiento de la norma y de verificar las denuncias que se presenten.

De forma paralela al lanzamiento del anteproyecto de ley, el Gobierno aprobó modificar el decreto por el que se regulan la organización y el funcionamiento del registro de intereses de altos cargos para adaptarlo a las exigencias de la Ley Transparencia y de Acceso a la Información Pública y así hacer posible la publicación de los bienes y el patrimonio de los altos cargos en el Boletín Oficial de Canarias tras haber pasado por el Consejo Consultivo.

La Ley de Transparencia determina que las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos se publicarán en el BOC y que para los bienes patrimoniales se publicará una declaración comprensiva de su situación patrimonial y se omitirán los datos referentes a su localización y se salvaguardará la privacidad y seguridad de sus titulares.

Nuevo concierto con los farmacéuticos

La Consejería de Sanidad y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de ambas provincias han acordado un nuevo concierto por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia para los próximos cuatro años. Este nuevo acuerdo, cuya suscripción fue autorizada ayer por el Consejo de Gobierno, sustituirá al vigente desde el 31 de diciembre de 2005, al que se fueron incorporando sucesivas adendas en los años 2009, 2010, 2011, 2013 y finalmente en 2014, que prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Según informa la Consejería, este nuevo concierto dará seguridad jurídica y operatividad, puesto que durante este tiempo se han registrado numerosos cambios en el ámbito de la prestación farmacéutica y de productos dietéticos.