El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado la petición "masiva y temeraria" de certificados de antecedentes penales al personal docente por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

El secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO-Canarias, José Ramón Barroso, ha explicado en una nota que esta petición se realizó el pasado jueves en cumplimiento de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Según esta norma, para acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el docente tiene que justificar que no tiene antecedentes penales mediante la aportación de una certificación negativa exclusiva sobre delitos sexuales.

José Ramón Barroso precisa que esta certificación se debe obtener del Registro Central de Delincuentes Sexuales que aún no ha sido creado, aunque aclara que ya se ha aprobado el Real Decreto que desarrolla la creación del mismo y establece su funcionamiento.

El portavoz sindicalista ha criticado que la Consejería haya emprendido esta campaña "de forma precipitada" sin que exista "ningún motivo de urgencia a considerar" y "en vez de usar y el canal que se habilitará próximamente".

En este sentido, ha insistido en que el Registro específico de delincuentes sexuales "ya mostrará oportunamente esa información", lo que hace "totalmente innecesaria y desproporcionada" la petición del Certificado de antecedentes penales por parte de la Consejería.

El sindicato advierte, además, que este certificado "posee datos personales, íntimos y privados, cuya exigencia excede en mucho las competencias de la Administración educativa canaria, pues vulnera principios constitucionales, de privacidad y la Ley de Protección de Datos".

Barroso ha indicado que la Consejería ha dado un plazo de diez días lectivos para que los docentes presenten este certificado, pero dado que del 23 de diciembre al 7 de enero se considera período no lectivo por las fiestas navideñas, el plazo culmina el 15 de enero.

Comisiones Obreras, ante la posibilidad de que otras comunidades autónomas realicen este tipo de actuaciones, ya presentó una queja ante la Defensora del Pueblo, y espera que una vez aprobado el RD que regulará el Registro Central de Delincuentes Sexuales se reconduzca este asunto.

CCOO solicita a la Consejería de Educación que retire su petición, como ya han hecho otras comunidades como Castilla-La Macha o Andalucía, y espere a la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales.