El Gobierno de Canarias y seis de los siete cabildos suscribieron ayer el compromiso para poner en marcha un plan de desarrollo económico hasta el año 2025 financiado con los fondos procedentes del acuerdo para que la Comunidad Autónoma deje de compensar al Estado por el extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Como era de prever, el Cabildo de Gran Canaria no se sumó -su presidente, Antonio Morales, no asistió al acto-, aunque el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, aseguró que todos los firmantes van a "luchar" para que se incorpore. "Aquí no sobra nadie", dijo.
La firma del compromiso es, en realidad, solo el principio. El plan -dirigido a estimular la economía a través de la ejecución de infraestructuras, actividades de I+D y políticas activas de empleo- se llenará de contenido cuando la Federación Canaria de Islas (Fecai) concrete junto a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) -que aún no ha suscrito el documento- los proyectos que se llevarán a cabo.
Clavijo insistió en que el acuerdo no supone un reparto de los fondos entre las diferentes administraiciones, sino la financiación de los proyectos que se consideren estratégicos para cada isla. La distribución de los recursos ha sido, precisamente, el argumento que ha esgrimido el presidente de la corporación grancanaria para rechazar la fórmula defendida por el Gobierno y el resto de cabildos. Morales abogó desde el primer momento por un reparto según los criterios del REF y no de la triple paridad, por la que los demás presidentes insulares apostaron en una postura común manifestada en octubre en el Parlamento y que ahora ha desaparecido en el curso de la negociación.
Los proyectos no incluirán las infraestructuras sociosanitarias pese a que el PSOE así lo había sugerido. Clavijo afirmó que estas infraestructuras son "absolutamente imprescindibles" para el estado del bienestar, pero remarcó que ya cuentan con otras fuentes de financiación y que "no mejoran la competitividad de la economía canaria", que es el objetivo básico que persigue el futuro plan de desarrollo.
El compromiso firmado ayer contempla infraestructuras de transporte, científicas y tecnológicas, mejora y rehabilitación de espacios públicos en los núcleos turísticos, infraestructuras hidráulicas, creación de viveros de empresas, construcción y rehabilitación de viviendas, zonas comerciales abiertas, energías renovables y "todas aquellas infraestructuras que mejoren la competitividad de la economía".
En el capítulo de la I+D+i, el acuerdo prevé apoyo a actividades de investigación e innovación lideradas por empresas, transferencia de conocimiento entre el tejido productivo y los centros de investigación, redes tecnológicas para la conectividad digital, desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico y promoción de los servicios públicos digitales.
Las actuaciones en políticas activas de empleo se referirán a incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción, programas de mejora del capital humano en idiomas y formación dual, fomento de la formación para adultos con bajo nivel de estudios, planes de empleo para hogares sin ingresos y programas de empleo para titulados que ayuden a mejorar el modelo productivo.