Transparencia Internacional España ha hecho público hace pocos días la edición de 2015 del análisis que cada dos años realiza a las diputaciones provinciales del país. Dos instituciones canarias, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, han sido incluidas en el ranquin y, aunque cada una de ellas ha evolucionado de forma muy diferente respecto a los estudios anteriores, ninguna logra alcanzar la media nacional en cuanto a la facilidad de acceso de la información a través de internet.

La corporación tinerfeña ha obtenido una puntuación de 79,4 puntos sobre cien, un logro notable si se tiene en cuenta que en el informe de 2013 solo consiguió 32,5, lo que la situó en el tercer puesto por la cola de la clasificación elaborada por la ONG presidida por Jesús Lizcano. De esta forma, el Cabildo de Tenerife llega al puesto 31 y se queda muy cerca del promedio de las administraciones provinciales del país, que se cifra en 81,7 puntos.

En cambio, la corporación grancanaria experimenta la tendencia opuesta. En 2013, con 81,3 puntos, se colocaba sobradamente por encima de la media, aunque esta era mucho más baja que la actual (69,6). El retroceso de más de seis puntos que ha sufrido en estos dos años lo lleva hasta los 75 y, unido a la mejoría general, lo arrastra por debajo del promedio, en el puesto 34.

El progreso del Cabildo de Tenerife se sustenta sobre cuatro aspectos fundamentales, en los que sobresale por encima de la mayoría de las administraciones objeto de escrutinio por parte de la ONG: la transparencia en materia de servicios y apoyo a municipios (87,5 puntos), la información sobre la propia institución (86), la transparencia económico-financiera (85,7) y las relaciones con los ciudadanos y la sociedad (81,8). Algo peor puntúa en los indicadores establecidos en la Ley de Transparencia (71,4). El área en el que falla de forma indiscutible es la información relativa a las contrataciones de servicios, en la que se queda con 12,5 puntos.

En cuanto al Cabildo de Gran Canaria, obtiene pleno -cien puntos- en dos de los aspectos analizados: la transparencia económico-financiera y las contrataciones de servicios. En cambio, cae de forma considerable en el resto. El informe le asigna 72,7 puntos en las relaciones con los ciudadanos y la sociedad; 70,8 en transparencia en materias de servicios y apoyo a municipios; 68 en información sobre la institución y 60,7 en el cumplimiento de los indicadores fijados en la Ley de Transparencia.

El ranquin de Transparencia Internacional correspondiente al año recién finalizado estudia cómo facilitan el acceso a la información 45 instituciones, la mayoría diputaciones provinciales, pero también los dos cabildos, dos consells baleares y tres diputaciones forales.

La mejora respecto al informe de 2013 se traduce en que solo suspenden tres diputaciones -las de Ávila, Cuenca y Teruel-, en tanto que entonces eran nueve las que obtenían menos de cincuenta puntos -Almería, Sevilla, Lleida, Toledo, Zaragoza, Cuenca, Tenerife, Teruel y Guadalajara-.

También son más las instituciones que alcanzan la excelencia en esta materia. Cinco consiguen cien puntos -Huelva, Palencia, Tarragona, Valladolid y Vizcaya-, frente a las dos que lo hacían en 2013 -León y Valladolid-.