"No nos oponemos al copago, pero una persona que cobra 500 o 600 euros de pensión no puede destinar la mitad o más a costear los servicios". Salvador Morales explica así la posición de la Coordinadora de las Personas con Discapacidad Física de Canarias, pero también de numerosos colectivos de toda España que se oponen a que la Administración se quede con una parte de la retribución de los afectados para asumir los servicios que presta. "Quien pueda pagarlo que lo pague, pero no todos", sentencia.
En ese sentido, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó hace una semana la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el copago "confiscatorio" en materia de dependencia. El mínimo para que la propuesta sea debatida en la Cámara es de 500.000 firmas y el comité consiguió 738.000.
El texto califica de "avance significativo" la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en 2006, pero advierte de que desde entonces se ha enfrentado a un "sinfín de vicisitudes", especialmente la crisis económica.
La proposición de ley solicita que se establezcan unos criterios justos de copago que garanticen que todos aquellos que necesiten atención no sean excluidos por criterios económicos.
Además de ese problema, Salvador Morales recuerda que en las Islas no existe una cartera de servicios y que muchas de las prestaciones no se pueden ofrecer, solo suplir con dinero. Sin embargo, la ayuda es tan pequeña que no permite contratar a un especialista, apunta.
"En muchas ocasiones el afectado recibe 100 euros y debe abonar el resto, pero su capacidad económica es baja y no puede permitírselo", dice.