Las personas con discapacidad tardan 480 días en ser valoradas. El dato -que hace referencia al tiempo medio de espera de los canarios que solicitaron el dictamen entre 2007 y julio de 2015- acaba de ser publicado en el Boletín del Parlamento canario gracias a una pregunta planteada por el grupo de Podemos. La Consejería detalla en el mismo escrito que los centros base de valoración de discapacidad de las Islas recibieron 216.150 solicitudes durante esos años, un período en el que la demanda "no hizo más que aumentar". Los datos son contundentes: en 2005 apenas se recibieron 242 solicitudes y en 2005 se alcanzaron las 5.583, números muy alejados de los actuales.
Es difícil señalar las razones exactas de este aumento de la demanda, pero la Consejería cree que la puesta en marcha de recursos destinados a este sector de la población (medidas fiscales y prestaciones económicas) y la crisis han tenido mucho que ver. En otras palabras, los cambios legislativos generaron muchas expectativas en cuanto a reconocimiento de derechos, más en tiempo de dificultades económicas, lo que hizo que se multiplicaran los demandantes.
La cifra total de peticiones incluye solicitudes de primera valoración -25.047-, revisión del grado de discapacidad -12.269- y otro tipo de informes. El centro de Gran Canaria gestionó 109.809 y el de Tenerife 106.341.
El presidente de la Coordinadora de las Personas con Discapacidad Física de Canarias, Salvador Morales, considera que el tiempo de espera actual es inaceptable. A su juicio, el motivo de que no haya más protestas por parte de los colectivos damnificados es que el certificado de discapacidad no otorga, por sí solo, derechos. La "supresión" de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia ha dejado desprotegidas a muchas personas, advierte. Además, ha ocurrido en plena debacle económica. La ley de Dependencia exige que a los demandantes se les haya reconocido previamente el grado de discapacidad. El problema es que ahora tampoco llegan los derechos, porque la norma ha quedado "paralizada".
"Las expectativas que tenían las personas con dependencia no se han cumplido", lamenta. "Entendemos que hay problemas de recursos humanos, pero cuando se necesita un funcionario para otra cosa sí se tiene", denuncia. "Los derechos sociales no pueden seguir siendo recomendaciones, han de ser garantistas", reivindica.