Se acabaron los experimentos. Canarias, como el resto de comunidades autónomas, tendrá que celebrar este año las "reválidas" de tercero y sexto de Primaria previstas en la polémica Lomce. Después de que a finales del curso pasado se realizara en las Islas una prueba piloto, en mayo más de 40.000 alumnos deberán presentarse a una evaluación que la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUE), encargada de su desarrollo, quiere que tenga una función "diagnóstica" y no examinadora, es decir, que sus resultados sirvan para elaborar directrices y recomendaciones sobre el sistema educativo del Archipiélago y en ningún caso para simular un ranquin de centros.
Su directora, Teresa Acosta, explica que la primera prueba, que se llevó a cabo a finales del curso pasado, ha servido como ensayo logístico general. En esa ocasión la prueba se realizó a algo menos de 3.000 alumnos en 80 centros de las Islas, algunos voluntarios y otros seleccionados al azar. Ahora, además de que el número de estudiantes es muchísimo mayor, hay que cumplir con un decreto estatal complejo.
"Antes de las elecciones pedimos la suspensión de algunos aspectos, pero no hemos recibido respuesta y estamos trabajando para realizarlo en los términos que se establece, aunque sean muy complicados". Esos requisitos incluyen que el profesorado que evalúe a los alumnos sea de otros centros -en esta ocasión fue profesorado del colegio, pero que no daba clase a los alumnos evaluados-, que en los colegios privados se encarguen de la prueba funcionarios públicos y que se evalúe al mismo tiempo a todos los alumnos -160- que estudian en los ochenta centros unitarios que hay en las Islas y a los que lo hacen en La Graciosa, lo que obligará a trasladar a muchos chicos a otros centros.
A ese trabajo logístico, más costoso en un territorio fragmentado como el canario, se unen otras complicaciones. Tanto la agencia como la propia Consejería quieren que estos exámenes ayuden a mejorar el sistema educativo, pero no que se conviertan en una competición entre centros. El Ministerio obliga a las administraciones educativas a "puntuar", es decir, a poner nota. "Va en contra de nuestra idea de que la prueba debe servir como diagnóstico para mejorar nuestro modelo". Además, Acosta considera que esas calificaciones son peyorativas con el profesorado que imparte docencia. "No podemos poner una nota -que además es solo sobre ciertos aspectos- porque para eso están sus profesores, los que dan clase todos los días y han estado todos estos años de crisis dando la talla también desde un punto de vista social".
La evaluación no incluye solo una prueba para el alumnado, sino una serie de encuestas que deben contestar las familias y los docentes. Además, la Lomce establece que las familias tienen derecho a pedir una segunda corrección si no están de acuerdo con la primera calificación. "Los padres tienen todo el derecho a hacerlo, pero eso dificulta otra de las exigencias que ha establecido el Ministerio: publicar los resultados en junio".
Según el calendario previsto por la Consejería, las pruebas de tercero de Primaria se realizarán la semana del 16 al 20 de mayo, y las de sexto, del 23 al 27 de mayo. Este margen de días ayudará a que cada centro pueda organizarse en función de sus recursos y necesidades. Acosta reivindica la importancia de implantar una "cultura de la evaluación" y subraya que incluir estos controles en los sistemas educativos es necesario.
"No hay que tener miedo, para lo que va a servir es para mejorar. La idea es que si hay buenas prácticas que se están desarrollando en centros determinados y eso está repercutiendo en el rendimiento se puedan extender a otros colegios", dice a modo de ejemplo.
Los resultados de la prueba piloto del año pasado serán enviados a los directores de los centros para que conozcan el nivel de sus alumnos. "No se harán públicos porque la muestra no es representativa". Hay aspectos que no permiten extraer conclusiones, como que algunos colegios se presentaron voluntarios y otros fueron elegidos al azar, o que la representación de la escuela pública y la privada no es equiparable.
Las universidades también someten a evaluación sus grados y másteres para cumplir con las directrices del plan Bolonia
Las universidades también han tenido que asumir esta nueva "cultura de la evaluación". Este curso se someterán a "examen" alrededor de 60 títulos en las universidades públicas canarias. De hecho, ya han acudido a algunos centros de la Universidad lagunera miembros del panel de expertos de la Península encargados de analizar los planes de estudio dentro del programa estatal "Verifica". En esta evaluación están incluidos tantos grados como posgrados. Hay carreras que no serán analizadas aún porque no se ha cumplido el plazo establecido para su estudio desde su implantación. La ULL sometió a evaluación tres títulos de manera voluntaria en 2014. El resultado no fue bueno: dos másteres pasaron la criba, pero el dictamen para el grado de Periodismo fue negativo y hubo que hacer modificaciones.