El presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), José Manuel Molina Hernández, denunció ayer la "paralización" que sufren los servicios sociales y los programas de empleo social en Canarias por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional, unos programas "que se dirigen a las personas más necesitadas en un momento donde la crisis sigue azotando a muchas familias".

El también alcalde de Tegueste (Tenerife), en la actualidad presidente de la Comisión de Empleo y Bienestar Social dentro de la Fecam, mostró su "gran preocupación por la situación de parálisis actual", y criticó con dureza la falta de respuesta de la consejera regional, Patricia Hernández, ante las constantes peticiones de reuniones para solventar este problema.

"No es de recibo que después de solicitar reuniones de trabajo, al margen de las protocolarias o institucionales con la consejera, no nos hayamos puesto a trabajar con los instrumentos y datos precisos para poder traducir lo que todos esperan que hagamos como gestores públicos", denunció Molina en un comunicado.

El mandatario nacionalista subrayó que "se está retrasando la aprobación de la nueva Ley Canaria de Servicios Sociales, así como el anunciado catálogo de servicios, y no se ve, por parte de la consejería, ningún viso de negociación o avance al respecto".

Un hecho que provoca, en su opinión, "una gran preocupación a los municipios y cabildos, ya que genera una situación de inestabilidad de los servicios sociales en Canarias". De igual manera, Molina criticó que tampoco se ha ejecutado el tan necesario programa extraordinario bianual de empleo social para el año 2016-2017.

"A fecha de hoy tampoco se nos ha concedido la primera mesa de trabajo para hablar de gestión de los Planes de Empleo Extraordinario bianuales y esta es una de las principales quejas de nuestros ciudadanos", denunció.

Según explicó el dirigente de la Fecam y alcalde de Tegueste, "los municipios soportan, en estos momentos, más del 80% de los gastos en servicios sociales, según consta en los datos del Plan Concertado, pero todavía, a fecha de hoy, la consejería que dirige Patricia Hernández, a pesar de nuestra insistencia, no se ha sentado a debatir, por ejemplo, la tan prometida Ley de Servicios Sociales", señaló el responsable.

Hernández defiende la rapidez de su gestión

La Consejería de Políticas Sociales mostró ayer su desacuerdo con las declaraciones realizadas por el presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Fecam. Según un comunicado remitido por la consejería que gestiona Patricia Hernández a los medios de comunicación, los ayuntamientos tienen desde el pasado 23 de octubre el borrador del nuevo convenio del Plan de Empleo Social para los años 2016-2017. Es decir, "no sufre ningún retraso".

Además, sostiene que, por primera vez, "la Consejería de Empleo, Políticas y Vivienda aprobó antes de finalizar 2015 los proyectos de Promoción del Desarrollo y de la Actividad Económica (PRODAE), con una inversión de 2,7 millones de euros para 2016".

En cuanto al acuerdo marco con los ayuntamientos, los fondos que sirven para pagar los servicios sociales básicos, la contratación de trabajadores sociales y de empleados para tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) "se firmó en diciembre de 2015". "Lo habitual es que este dinero no estuviera disponible hasta el mes de abril, lo que suponía despedir al personal para volverlo a contratar luego", señala la consejería en el mismo comunicado. Sobre la Ley de Servicios Sociales, la Administración asegura que sigue la hoja de ruta marcada por el Consejo General de Políticas Sociales, en el cual está representada la Fecam. Esa hoja de ruta establecía que se hiciera una ley participativa con todos los agentes sociales. La consejería ya tiene un borrador, y los primeros contactos, tal y como se había anunciado en el Parlamento, se iniciarán a finales de enero. La consejería explica que, a su juicio, las declaraciones "se enmarcan en cuestiones que, en ningún caso, se ajustan a las fluidas relaciones con la Fecam y a las opiniones de los miembros".