La vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, se comprometió ayer a elaborar, dentro del nuevo Plan de Discapacidad, un plan de acción específico para las personas con enfermedad mental.
Hernández respondía así a la diputada del Partido Popular (PP) Josefa Luzardo, que le echaba en cara que "Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no tienen un plan específico de Salud Mental".
En este sentido la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias proponía que dicho plan de acción no solo aborde el ámbito sanitario, sino también el de la inserción social de estas personas. "Queremos establecer ese Plan específico, que hará especial incidencia en la eliminación de barreras, relacionadas con fuertes prejuicios creados sobre las personas que padecen este tipo de trastornos", dijo ayer en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias.
Dentro de dicho plan específico para las personas con enfermedad mental, Hernández enumeró los objetivos específicos: una "labor de concienciación", "establecer redes de colaboración con entidades", "definir una cartera de servicios" y el fomento de servicios como "la atención domiciliaria".
Todo este catálogo de buenas intenciones contrastó con el relato de la situación actual de la atención en Canarias a los que padecen una enfermedad mental que hizo Andrés Mendoza Cabrera, de la Federación de Salud Mental de Canarias. Este habló de "compartimentos estancos" en la sanidad pública que hacen que pasen días, en el mejor de los casos, desde que se atiende a una persona en unas Urgencias psiquiátricas hasta que se la deriva a las unidades de Salud Mental.
Mendoza advirtió de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha alertado de que los trastornos mentales serán la segunda patología en orden de importancia del mundo y que consumirá unos recursos económicos equivalentes al 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). "Cada euro que pongamos en Salud Mental revierte en tres euros", dijo, para proponer que se integre el eje de la Educación, de la Justicia, con el Sanitario o de Política Social de estos enfermos. "Si no lo hacemos así, estaremos poniendo parches a la Salud Mental", dijo.
El representante de la Federación de Salud Mental de Canarias afirmó que los pacientes que se vienen tratando desde las décadas de los 60 o 70 están hoy "hipercronificados" y pidió que se pusiera el énfasis en los más jóvenes que se están incorporando al sistema de salud ahora. "El programa de intervención familiar debe estar en la cartera de servicios de intervención domiciliaria", puso como ejemplo de las medidas que han de tenerse en cuenta.
También hizo énfasis en que la Consejería de Educación debería "empoderarse" para poner en marcha "programas de prevención y de promoción de la salud mental desde cierta edad", sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los trastornos sobrevienen entre los 10 y 20 años.
Abundando en el abordaje integral de esta enfermedad, Mendoza pidió también que se tuvieran en cuenta los ejes del empleo y antiestigma, así como aquellos que presentan un trastorno mental minoritario (bipolaridad, trastorno alimentario...).
Por su parte, Natividad Arnaiz, de Podemos, criticó que hasta ahora solo se hayan dado "soluciones basadas en la medicación".
Armando Morera, profesor de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna (ULL), aseguró ayer que en 2014 el Servicio Canario de Salud (SCS) había atendido a 1.359 pacientes con patología dual (una adicción y una enfermedad mental). No obstante, Morera advirtió de que esto era solo "la punta del iceberg" puesto que son pocos los enfermos que buscan ayuda de forma voluntaria.
Durante la presentación de las I Jornadas de Patología Dual, que se celebran en Fuerteventura el 12 y 13 de febrero, Morera explicó que el porcentaje de personas que presentan una adicción y, al mismo tiempo, un trastorno mental, es "bastante elevado", está "entre el 50 y el cien por cien".
En este sentido, destacó que hay todo tipo de estudios, desde los que relacionan la cocaína como detonante de "una psicosis", a los que creen que "actúa como gatillo para disparar una esquizofrenia". No obstante, es imposible afirmar con carácter general si se produce primero la adicción o el trastorno mental.
Sobre el número de personas que presentan una adicción a una sustancia legal o ilegal, Morera recordó que está en torno al 20% de la población.
Por su parte, Isabel Aguilar, presidenta del comité organizador de las jornadas, explicó que la patología dual está marcada por un "estigma y que en Canarias nos hemos quedado un poco atrás por querer ocultar una problemática de mayor calado".
Ángel Lobo, profesor de Derecho de la ULL y participante en las jornadas, adelantó que hablará sobre "el impacto de los planes de urbanismo en la salud", en el sentido de "cómo puede afectar a la salud el diseño de los barrios o las ciudades". Puso como ejemplo los barrios sin espacios públicos, sin equipamientos, lo que afecta al "bienestar de una persona, que puede estar más depresiva". "Desde el punto de vista de la patología dual, el cuidado del territorio puede ser una pieza clave", opinó.