La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha presidido hoy la reunión del Pleno del Consejo General de Servicios Sociales, donde ha presentado el documento marco de trabajo de la futura Ley de Servicios Sociales y donde propondrá la creación de una tarjeta de derechos sociosanitarios.

En declaraciones a los medios minutos antes de empezar el encuentro, la vicepresidenta canaria explicó que los beneficiarios de esta tarjeta serían la población en general, pues "en determinadas circunstancias todos somos usuarios de los servicios sociales" que, dijo, son "un derecho subjetivo de toda la ciudadanía".

En cuanto al objetivo de la reunión de hoy, Patricia Hernández indicó que se ha convocado el Pleno del Consejo por segunda vez "para empezar a trabajar en la Ley de Servicios Sociales, ya que, después de 30 años, es el momento de poner en hora la Ley blindando derechos sociales, que constituyen el cuarto pilar del estado del bienestar".

Añadió, además, que se trata de garantizar itinerarios y de abrir un proceso participativo a través de la constitución de tres mesas de trabajo, una con los colegios profesionales, otra con el tercer sector (asociaciones) y una más con cabildos y ayuntamientos, que ostentan las competencias en materia Servicios Sociales.

Asimismo, anunció que también se va a abrir una vía de participación directa de todos los ciudadanos no asociados para que puedan hacer sus aportaciones vía web o vía e-mail para que la elaboración de la futura Ley de Servicios Sociales sea "un proceso lo más participativo posible".

La vicepresidenta insistió en que la finalidad de la futura norma es "poner en hora los servicios sociales y blindarlos, que tengan un itinerario claro y que los ciudadanos sepan quién tiene la competencia y a dónde tienen que asistir".

Respecto a los plazos hasta la entrada en vigor de la nueva norma, Hernández indicó que con el encuentro de hoy se abre una primera etapa con la entrega del documento marco de trabajo de la Ley y la configuración de las mesas de trabajo, que convocará el Gobierno, con la intención de tener un documento "más preciso" y empezar a trabajar en el articulado antes del próximo verano.